Desahucio, demolición y a la calle.Málaga

De la Torre se niega a realojar a los vecinos que abandonan sus casas por ruina.

Apenas llegó la policía, las siete familias que habitaban el edificio de calle Calvo, 21, abandonaron sus casas sin oponer resistencia alguna. Pasaban pocos minutos de las ocho de la mañana. La última noche en el edificio en el que muchos de ellos han habitado desde hace más de 30 años fue de vigilia y angustia. Todo ha sido demasiado rápido. El 17 de noviembre se cayó un trozo de un muro de medianería y los técnicos municipales certificaron que el edificio, una de las pocas casas que quedan en pie del antiguo Perchel, se encontraba en ruina y se decretó el desahucio.

La mayoría de los 21 vecinos sostienen que no saben dónde ir, ni lo que harán. Unos dicen haber encontrado acomodo provisional en casa de familiares, como Rocío y su marido, que tienen un niño de un año; otros en una pensión, y otros se encogen de hombros. La concejal de Asuntos Sociales, Mariví Romero, afirma sin embargo, que todos menos uno había informado que tenían un lugar donde vivir y que luego se retractaron, cuando los grupos políticos de la oposición "contactaron con ellos y les manipularon y convencieron de que podían obtener un piso". Sólo una mujer de los 21 residentes del inmueble aceptó la ayuda de 1.200 euros para un alquiler ofrecida por el Ayuntamiento. "Y con eso qué, cuando pasen dos meses qué pasa", pregunta una de las desahuciadas.

Los herederos de la propietaria se desentendieron del edificio hace 29 años y los vecinos se constituyeron en comunidad y han velado por él. En 2006 fue expropiado, y ha pertenecido a la Junta hasta que hace un 21 días lo permutó con el Ayuntamiento en un convenio sobre vivienda. Esa es la gran paradjoa, el edificio es de propiedad pública.

El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, tiene un informe de un arquitecto que sostiene que el edificio no está en ruina y que se puede reparar el muro desprendido. Pero se queja: "Eso pasa a segundo plano. En primer plano está que es una vergüenza y lamentable que en menos de un mes, sin contestar un recurso y sin dar ninguna salida a los vecinos, se mande a la policía y unas máquinas para ponerlos en la calle".

A mediodía, cuando la excavadora ya habían reducido a escombros el edificio, los vecinos van al pleno municipal, donde el PP vota en contra de la propuesta del PSOE de realojarlos inmediatamente. Se indignan y los vecinos no entienden que la concejal de Asuntos Sociales les hable de que se han cumplido los protocolos. "Están en la calle y no tienen donde ir, el ayuntamiento tiene la obligación de darles una solución urgente", insiste la concejal del PSOE Mariluz Reguero.

Mariví Romero reprocha a Mariluz Reguero que se le quiebre la voz cuando habla del asunto, y la invita a pasar un día en su área para inmunizarse. "Evidentemente, somos distintas, mientras yo me emociono, usted firma documentos", le reprocha la socialista. Los vecinos explotan, gritan y el pleno se interrumpe porque es la hora de la copa de Navidad que la corporación ofrece a la prensa. "Demagogos", masculla repetidamente el alcalde ante los bancos socialistas.

Fuente: El Pais

La Casa Grande, 400 años después. Rehabilitación de viviendas del casco histórico de Cádiz

El consejero de Vivienda reinaugura la Casa de Juan Paje, en la calle Obispo Urquinaona , donde volverán 16 inquilinos que malvivieron en ellas antes de la reforma · Once pisos servirán de realojo

"La Casa de Juan Paje se llenó con las familias inquilinas, que recibieron las llaves."

Algún hábil repartidor al que nadie vio había logrado colarse ayer en la Casa de Juan Paje para repartir publicidad de un conocido supermercado en unos buzones que no tenían aún nombres. Un repartidor, hace cuatro años, tenía que atravesar un siniestro pasillo de 18 metros de largo para dejar panfletos en la misma casa. No debía llegar mucha publicidad a esa casa entonces. Pero es que a esa casa no habían llegado ni los cuartos de baño. Ayer, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Espadas, inauguraba por segunda vez esta casa cuatro siglos después de la primera (hay referencias sobre la existencia de la Casa Grande de 1632).

La finca está terminada desde hace más de un mes, a la espera de una conexión que terminará de hacerse esta semana y que impide que, de momento, haya luz y agua en la finca. La entrega de llaves fue simbólica, puesto que los vecinos habrán de esperar algún tiempo para mudarse, pero más esmerada que en otras ocasiones porque las llaves venían en cajitas de madera y envueltas en virutas y las sillas de plástico se habían cubierto con fundas de tela con lazo con los colores andaluces. Como la Casa de Juan Paje se había convertido en uno de los emblemas de la infravivienda en el casco histórico de Cádiz, el final de su rehabilitación es uno de los emblemas de la eliminación de los partiditos. Por eso al acto acudieron los delegados provinciales de Gobierno (José Antonio Gómez Periñán) y Vivienda (Gabriel Almagro) y la gerente de la Oficina de Rehabilitación, Silvia López, entre otros. Y los nuevos vecinos.

A 16 de las 27 familias inquilinas no les hacía falta mirar las fotos colocadas en la planta baja. Eran imágenes de la casa antes de la reforma y ellos ya habían sufrido esa realidad en carnes. El resto son realojados. Entre los vecinos abundaron las reacciones de alegría en la entrega de llaves. La antigua vecina de la única vivienda del número 23, Juana Ramos, aseguraba que se había "quedado muerta" al ver el resultado de la reforma. La familia de Juan e Isabel vivía en la segunda planta del segundo patio, en dos partiditos, y ve fallos en su casa. Él sale al balcón para mostrar óxido y pintura saltada y ella recorre los cuatro dormitorios para demostrar que son pequeños para una familia numerosa como la suta. Del tubo de la campana de la cocina no había ni rastro.

Fuente: El Diario de Cádiz

El fiscal secunda la querella por 'mobbing' de la calle de Robadors

Advierte de la gravedad de los hechos y reclama informes

"En la querella se sostienen afirmaciones muy graves, de las que podrían resultar imputaciones de delitos castigados con penas de prisión". Así de contundente se expresa el fiscal en relación con la querella por mobbing inmobiliario sufrido por un vecino del número 29 de la calle de Robadors de Barcelona. Es el único que queda en el inmueble, pues los otros acabaron marchándose, y lleva meses sufriendo el hostigamiento de los administradores.

En un escrito dirigido al juez, el fiscal solicita que antes de tomar declaración "a los imputados y a los testigos", se practiquen diversas diligencias para "preguntarles sobre datos y hechos concretos e indubitados". Entre esas diligencias, se reclama que la Guardia Urbana de Barcelona o los Mossos d'Esquadra realicen una inspección ocular del inmueble y tomen declaración a los vecinos, sean afectados o no por el acoso inmobiliario. También se solicita que se pida a las compañías de agua, gas y electricidad que informen sobre posibles cortes de suministro que hayan sufrido los vecinos y que el Ayuntamiento de Barcelona informe sobre el estado de las viviendas afectadas y si las empresas propietarias han realizado las obras exigidas por los informes técnicos que acompañan a la querella.

El Consistorio también deberá informar sobre si ha realizado tareas de desratización y desinsectación de los pisos, sobre si los bomberos han tenido que intervenir por el estado ruinoso de las viviendas, así como presentar una cronología de las quejas y denuncias presentadas por los vecinos. El distrito de Ciutat Vella ya se posicionó en su día al lado del afectado, y denunció el caso, pero todo quedó paralizado por la pasividad judicial.

La querella fue presentada en octubre de 2007 y ha pasado más de un año sin que el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona haya realizado ninguna gestión, ni siquiera la decisión formal de admisión o inadmisión a trámite de la misma. El magistrado que ha actuado con tal pasividad es Luis Fernando Gómez Vizcarra, jubilado hace unas semanas al cumplir los 70 años y que continúa como magistrado emérito en la Audiencia de Barcelona.
El fiscal considera que los administradores de las sociedades mercantiles Mancia 2003 SL y Tavarus SL pudieron cometer un delito contra la integridad moral, contra la libertad o contra el patrimonio.

Mientras tanto, el procedimiento de desahucio continúa su trámite. Fue suspendido hace unos días por la presión de los vecinos y la previsión es que se vuelva a intentar al cabo de unos dos meses.

Fuente: El País.

Silencio judicial en una querella por 'mobbing' en la calle de Robadors, Barcelona

Manel González es el único inquilino que queda en la finca del número 29 de la calle de Robadors de Barcelona. Su piso es fácil de reconocer porque no está tapiado. El resto, más de una quincena, están sellados a cal y canto. Él sigue malviviendo con goteras intencionadas -para echarle no han dudado en cortarle el suministro de luz y producir escapes- en una escalera en condiciones deplorables y con un sinfín de problemas. Lleva años denunciando ser víctima de mobbing. En octubre de 2007 presentó una querella criminal contra las sociedades que en ese momento eran propietarias de la finca y en noviembre presentó denuncia en el distrito de Ciutat Vella por idéntico motivo. Las dos se acumularon en el juzgado de instrucción número 12, que todavía no ha realizado ni una diligencia. Ni sobre las pedidas por el propio afectado ni por las interesadas por el fiscal antes del verano. "Ni han llamado a declarar a nadie, ni nada de nada", explica el abogado Jaume Asens, que representa al inquilino.

La demanda por 'mobbing' está parada desde que se presentó, en 2007."Si van a este paso, para cuando quieran resolver lo que sea ya se habrá ejecutado el desahucio", apuntaba un portavoz del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (DESC). De hecho, hace un año se suspendió el desalojo y ayer se volvió a paralizar por el estado de salud del afectado y por la presión que hicieron un grupo de personas y entidades que le apoyan, entre ellas la FAVB y el Observatorio. El desalojo fue instado por las dos sociedades actualmente propietarias del edificio -Taravaus 8086 y Mancia 2003- que demandaron al inquilino porque el contrato de alquiler había finiquitado.

Pero la historia es mucho más larga y compleja. Arranca a principios de este milenio, cuando una vez abierta la Rambla del Raval se puso sobre el tapete urbanístico otra intervención de calado: la de Illa de Robadors. Hoy está prácticamente concluida con el hotel Raval ya en marcha, las viviendas sociales construidas y entregadas y el edificio de oficinas casi terminado. Falta la Filmoteca de la Generalitat, que se construirá al lado, con frente a la plaza de Salvador Seguí. Fue entonces cuando muchas de las fincas de la calle de Robadors empezaron a despertar el interés de sus propietarios y el de muchos promotores inmobiliarios. Las compraban con inquilinos, muchos de ellos con contratos indefinidos.

La finca del número 29, en la que vive el afectado, fue vendida en cuatro ocasiones entre julio de 2001 y julio de 2003 y en el registro aparecen hasta siete sociedades distintas. Antes de que empezara el baile de compraventas, el inmueble tenía 20 viviendas ocupadas y tres locales. Hoy sólo queda Manel González y el Bar La Alegría, que, de momento, resiste a la presión de la propiedad para que acepte una indemnización y se vaya. La mayor parte de los inquilinos de esa finca, como sus vecinas, son gente mayor. Muchos por encima de los 65 años y con más cosas en común: alquileres bajos y unas rentas que a duras penas llegaban a los 400 euros. Tres inquilinos de esa finca, además de Manel González, firmaron la querella presentada el año pasado. "Pero se han retirado después de llegar a acuerdos con la propiedad", explicaba ayer el letrado Asens.

El caso del único inquilino y también querellante es más complejo porque su contrato era temporal. Un juzgado le reconoció el derecho de compra preferente cuando la finca fue vendida, algo que la propiedad le ocultó pero un tribunal superior se lo deniega. Así las cosas, ahora quieren echarle a toda costa.La actuación del Ayuntamiento se ha limitado a requerir a la propiedad que rehabilitara la finca en cinco ocasiones, requerimientos que no fueron atendidos, como tampoco fue pagada la sanción económica impuesta por eso mismo. Ahora, el distrito ha ofrecido una vivienda social al afectado por el mobbing. "Bueno, eso dicen. Porque, por ahora, no han concretado ni dónde, ni cuándo", subrayaba un representante del observatorio DESC.

Fuente: El Pais

La anciana que paró un plan urbanístico en Murcia fallece cuatro meses después de ser desalojada

Cuando el pasado 18 de julio el Ayuntamiento de Murcia derribó la casa de Violante en la huerta para construir una gran avenida, sus familiares no paraban de repetirlo: "No podrá vivir mucho fuera de la huerta, no soportará vivir en un piso". Violante, de 84 años, sólo resistió cuatro meses. Ayer falleció en Murcia de "parada cardiorrespitoria, shock séptico y fallo multiorgánico", según informó la familia. Sus familiares dicen que falleció de pena, después de luchar durante más de un año por mantener su casa en la huerta.

Hace un año Violante y su marido, Pedro Camacho, de 90 años, fueron noticia porque en el último instante un juez paró los planes del Ayuntamiento de Murcia de derribar la vivienda la vivienda en la huerta y realojar al matrimonio en un piso. El juez tomó la medida para "paliar las graves consecuencias que para la salud" del matrimonio de ancianos "podría conllevar su desalojo y no realojo en condiciones similares". Los ancianos habían vivido toda su vida en una casa de la huerta de Murcia, con gallinas, gatos y limoneros y el juez, basado en los informe médicos, temía por su salud si los mandaban a un piso. Pedro y Violante entendían que su casa podía estorbar, pero pedían una similar, aunque fuese más barata que el piso que les tocaba. El juez impidió el derribo "hasta tanto tenga lugar su realojo provisional en vivienda de similares condiciones en el entorno de la expropiada.

El Ayuntamiento recurrió con el argumento de que esas viviendas en al huerta estaban "condenadas a desaparecer". Y ganó. El Tribunal superior de Murcia falló el pasado mes de junio que, aunque "el abandono de su vivienda" podía "ocasionar perjuicios" a la pareja la vivienda había "sido expropiada y necesariamente debían abandonarla".

El pasado 17 de julio, Violante y Pedro dejaron la casa que habitaban desde 1946. Al día siguiente la piqueta derribó la vivienda. "Desde entonces ella decía que no quería vivir así. Después de toda la vida en la huerta un piso no era bueno para ella y los médicos lo habían advertido", explica su familia. Hace un mes ingresó por primera vez en el hospital y el 10 de noviembre un parte médico alerto del deterioro que sufría la mujer por el desalojo. Anoche falleció en el hospital. Su familia quiere que se conozca el caso: "Hay muchos huertanos que abandonan su casa porque los expropian y se mueren de pena. Que se sepa que esto ocurre".

Fuente: El Pais
http://http://www.elpais.com/articulo/espana/anciana/paro/plan/urbanistico/Murcia/fallece/meses/despues/ser/desalojada/elpepuesp/20081125elpepunac_4/Tes

El acoso inmobiliario: una lucha desigual

La Oficina del Defensor del Ciudadano recoge una veintena de casos de 'mobbing'. La guía marca las pautas para las víctimas

El acoso o 'mobbing' inmobiliario es la historia de David contra Goliat del siglo XXI. Pero los inquilinos no están solos en esta batalla. Ése es el mensaje que se desprende del libro 'El acoso inmobiliario: una lucha desigual', elaborado por la Oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga, el primer título que trata de forma específica este problema y que desgrana una veintena de casos en la provincia como ejemplo de un problema que viven a diario cientos de personas.
El libro establece las prácticas más comunes del acoso inmobiliario y establece las pautas que debe seguir el inquilino para no ceder a las pretensiones de los propietarios. Olvidar el mantenimiento, destrozar la vivienda, negarse al cobro del alquiler o proferir amenazas y denuncias son las armas que utiliza el acosador. Por su parte, el acosado debe recoger el máximo de documentación sobre el caso, conocer la situación jurídica del inmueble, pagar el alquiler y que quede constancia, denunciar las deficiencias del inmueble y acudir a asociaciones y entidades que se encarguen de defender sus derechos para evitar que le expulsen del piso de forma irregular.

Falta de información

«El problema es que las víctimas del mobbing inmobiliario suelen ser personas mayores y personas con pocos recursos que desconocen sus derechos como inquilinos de renta antigua», afirma Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano.
Gutiérrez explica que ya se están dando las primeras sentencias sobre estos casos que sentarán precedentes en el futuro. Además, explica que la vía judicial no es la única y que la mediación que realizan instituciones como el defensor del ciudadano están solucionando muchos conflictos. El libro, que se presentó ayer en un acto en la Diputación de Málaga, cuenta con la colaboración de los colegios de Abogados, Aparejadores y Arquitectos de Málaga, además del Defensor del Pueblo andaluz y del recién nombrado fiscal antiacoso de Barcelona. MÁS INFORMACIÓN I Defensor del Ciudadano. 900 115 900

Fuente: Sur

Otainsa gana el Premio Progeso por su labor en la defensa de los inquilinos

El pasado 31 de octubre se entregaron en Jaén los IV Premios Progreso, otorgados por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía de UGT-A (Fudepa), y la FAMP, a aquellos proyectos impulsados desde los ayuntamientos que suponen una mejora para sus ciudadanos y la sociedad.

La delegada del Gobierno Andaluz en Jaén, Teresa Vega; el vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández; el presidente de CajaGranada, Antonio Claret, y la concejal del Ayuntamiento de Jaén, Lola Herrera, junto al vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Juan Ramón Troncoso, y el presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), Manuel Pastrana, fueron los encargados de entregar los galardones en el acto celebrado hoy en el Nuevo Teatro Infanta Leonor.

Otainsa ha sido premiada por su labor en contra de los casos de acoso inmobiliario y su gestión del Parque de Viviendas Sociales en la categoría de Vivienda y Urbanismo
El premio fue recogido por el Jefe del Servicio de Otainsa y Gestión del Parque Social de Vivienda.

El objetivo de los galardones es reconocer acciones que promuevan el desarrollo económico, social y la generación de empleo, así como que permitan mejorar las condiciones de vida y la cohesión andaluza.Este objetivo se acompaña de otros más específicos, como son:

1. Fomentar las políticas sobre desarrollo económico y empleo que anualmente ponen en práctica las administraciones.
2. Crear un foro de debate y presentación de proyectos.
3. Abrir una vía de intercambio de experiencias.
4. Reconocer la iniciativa, originalidad e innovación de las acciones emprendidas por las corporaciones locales andaluzas.
5. Difundir y divulgar por el territorio andaluz estas iniciativas de creación de empleo y desarrollo económico y social.
6. Reconocer públicamente los esfuerzos realizados por los ayuntamientos y/o diputaciones andaluzas.
7. Fomentar las políticas sobre desarrollo económico y empleo que anualmente ponen en práctica las administraciones

El Congreso tramitará una propuesta para frenar el 'mobbing' inmobilario

El Congreso de los Diputados tramitará una proposición de ley orgánica planteada por CiU para, entre otras medidas relacionadas con el alquiler, impedir los procesos de 'mobbing' inmobiliario. La iniciativa llega después de que en apenas 24 horas se hayan dictado dos sentencias de prisión en sendos casos de acoso a inquilinos.
Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo al texto, que plantea además la elaboración, en un plazo de seis meses, de otro proyecto de ley que regule la creación de ayudas destinadas a sufragar el impago de las rentas de alquiler de vivienda habitual para las víctimas de este fenómeno social relativamente reciente y las personas en situación de alta vulnerabilidad social.

Asimismo, la propuesta aprobada ya en la Cámara Baja incluye disposiciones para agilizar los procesos de desahucio en caso de impago con el objetivo de dotar de mayor seguridad a arrendatarios y arrendadores y potenciar el mercado de pisos en régimen de arrendamiento.
CiU, a través de su portavoz de Vivienda, Pere Macias, justifica el «reiterado interés» de su partido en esta iniciativa por la necesidad de establecer un «mecanismo rápido y eficaz» de protección de los propietarios para dar el suficiente impulso al mercado de alquiler.
Macias ha recordado que esta propuesta, que implica la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Enjuiciamiento Civil, fue aprobada por el Senado a finales de 2007, pero que decayó por el final de la legislatura a pesar de la «urgencia» que suscitan las graves dificultades para arrendadores y arrendatarios, informa Europa Press.
El diputado del Partido Popular Vicente Ferrer ha señalado que la propuesta de ley es «plenamente coincidente» con las medidas para el impulso del alquiler de su grupo.

Momento inoportuno
El PSOE también apoya la propuesta aunque advierte de su «inoportunidad» por coincidir con la tramitación de un proyecto legislativo sobre esta cuestión por parte del Gobierno, por lo que aquélla deberá ser «subsumida» en el proyecto de ley que remita el Ejecutivo, en palabras de la diputada socialista Carmen Juanes. «El Gobierno tiene como objetivo impulsar el alquiler y nuestra posición no puede ser más clara», apostilla.

Leido en El Mundo

Primeras condenas a prisión en Bilbao y Barcelona por acoso inmobiliario

El Juzgado número 2 de lo Penal de Bilbao ha condenado a tres años y tres meses de prisión a un empresario acusado de ceder su piso en Getxo (Vizcaya) a un grupo de gitanos para lograr que el resto de vecinos abandonaran el edificio. Asimismo, y en una de las primeras sentencias que acaban con pena de prisión en Cataluña, un juzgado de Barcelona ha condenado a un año de prisión a dos hermanos por "mobbing" inmobiliario a una pareja joven en un piso de Barcelona.

En el primer caso, y según el fallo de la sentencia, el empresario Juan José Rementería Bilbao ha sido condenado a dos años de prisión por un delito contra la integridad moral; a otros quince meses de cárcel por un delito continuado de allanamiento de morada; y a una multa de quince meses a razón de 20 euros/día por un delito de daños. Además, la sentencia prohíbe al empresario acercarse a menos de 200 metros de las víctimas y regresar al municipio de Getxo durante cinco años, y le absuelve de un delito de amenazas y de otro de robo con fuerza. Por su parte, los tres miembros del grupo gitano inculpados han sido condenados a penas que oscilan entre los tres años y tres meses y los cinco años y nueve meses, según su grado de implicación, por delitos contra la integridad moral, daños, allanamiento, amenazas y robo con fuerza.

El tribunal considera probado que entre el 25 de julio de 2003 y el 20 de agosto de 2004 se produjeron de "forma incesante actos de hostigamiento", creando en las víctimas "un sentimiento de angustia, miedo y desasosiego que terminara por hacerles sucumbir a las pretensiones del instigador de esos actos, es decir, bien venderle la vivienda o avenirse a la ejecución de las obras que pretendía". Los hechos se remontan a mayo de 2000, cuando, según relata la sentencia, el empresario condenado adquirió el primer piso de la Casa Tangora, un palacete situado en la zona residencial de Neguri, en Getxo. Dado que el resto de vecinos del inmueble, propietarios de los pisos bajo y segundo, se negaron a venderle sus viviendas o a realizar las obras que él pretendía, alquiló su piso por un euro a los demás condenados para que realizaran actos de hostigamiento contra estos vecinos. Estos actos tenían el objetivo de forzar al resto de habitantes del inmueble a abandonar sus casas o a realizar las obras requeridas por el empresario. Así, la sentencia dice que tres de los condenados y "otras personas no identificadas pero del mismo grupo familiar", desplegaron una serie de actividades que "atentaban a la dignidad" y "humillaban a los miembros de las familias propietarias de las viviendas aledañas", con Juan José Rementería Bilbao "como inductor".

En este sentido, el tribunal enumera varios hechos enmarcados en este "plan de hostigamiento": en agosto de 2003 uno de los acusados forzó la entrada del segundo piso del inmueble, en ese momento vacío, y sustrajo piezas de ajuar y un televisor; en septiembre los acusados mancharon con heces los vehículos de una de las familias. Además, en otras ocasiones provocaron filtraciones de agua, arrojaron residuos, y provocaron "continuos" ruidos y taconeos. La sentencia añade que, debido a estos hechos, dos de los vecinos, una mujer y su hijo menor, sufrieron trastornos de ansiedad, por lo que se les recetaron ansiolíticos, que el menor no llegó a tomar.Condena por "mobbing"

Por otra parte, un juzgado de Barcelona ha condenado a un año de prisión a dos hermanos por hacer "mobbing" inmobiliario a una pareja joven en un piso de Barcelona. Esta es una de las primeras sentencias de este tipo que acaban con pena de prisión en Cataluña. Los acusados tendrán que indemnizar a las víctimas con 3.300 euros por daños morales. Algunos vecinos de la pareja explicaron que desde hacía tres años, los jóvenes "no disponían ni de agua ni de luz". La sentencia recoge que entre el verano y el otoño de 2005, los dos hermanos condenados, Alfonso y Pere J.Q, cortaron varias veces el suministro de luz y agua a los denunciantes, Ana María C.S y Francisco G.D, e incluso les arrancaron los contadores, los inutilizaron e impidieron el acceso a ellos. Incluso llegaron a sellar la puerta de entrada al piso.

Finalmente, las víctimas tuvieron que abandonar la vivienda en noviembre debido a las condiciones de insalubridad en las que se encntraban. Y es que la situación había llegado a tal extremo que tenían que ir a buscar agua a la fuente, alumbrarse con velas, cocinar con pequeñas bombonas de gas y comprar la comida cada día por no poder disponer de frigorífico.Ante estos hechos el juez absuelve a los hermanos de una falta de daños pero les condena por un delito de coacciones un año de prisión y a indemnizar a la pareja con 3.300 euros por daños morales.

Leído en el diario El Faro de Vigo

Tráfico urbanístico versus tráfico de drogas

La droga, dice el eslogan, mata poco a poco a quien la consume, el tráfico urbanístico contamina y envilece a todo un país. La droga enriquece a los traficantes; el tráfico urbanístico de consumo necesario para la ciudadanía arruina a una sociedad y mueve más dinero en nuestro país que el conjunto de tráfico de drogas que atraviesa la península. Sin embargo, se nos pretende también convencer de que el tráfico urbanístico es residual y no deja de ser más que algún que otro devaneo de gente sin escrúpulos.El que este país sea en el contexto europeo el que más energías gasta en el ladrillo, se dice que más que Italia, Francia y Alemania juntos, no es por casualidad ni porque no sea posible dedicar los esfuerzos económicos a otras actividades mercantiles. La razón fundamental radica en las escandalosas plusvalías que generan las recalificaciones urbanísticas, sin parangón en el entorno europeo. Plusvalías especulativas que tienen unos pocos beneficiarios y millones de perjudicados.

El urbanismo especulativo dinamita las teorías clásicas de la economía productiva. Es posible obtener grandes beneficios económicos sin generar ni un solo coste de producción. El valor del suelo no dependerá de la suma de los costes de transformación de uso sino únicamente de si ese suelo tiene vocación de ser urbano. A partir de ahí el valor agrícola desaparece y el único parámetro a considerar será el número de viviendas por hectárea que potencialmente puedan construirse. En ese preciso instante se produce el negocio especulativo urbano, en ese momento su valor se multiplica por cien. No van a ser los consumidores finales, ni siquiera las constructoras que trabajan con márgenes de beneficio industrial razonable, quienes se van a beneficiar de las políticas de expansión urbana sino, exclusivamente, los detentadores de ese espacio privilegiado. A partir de este momento se desata una carrera imparable para el reparto de la tarta especulativa.La decisión de si un suelo es o no urbano corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos. De ahí la enorme responsabilidad que se deriva de la tarea de gobernar.

La pregunta que cabe hacerse a continuación es si los Ayuntamientos están cumpliendo con el mandato constitucional según el cual la comunidad debe participar de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47.2 C.E.). La escasez de viviendas sociales, así como los precios desorbitados de las viviendas libres que hipotecan a generaciones enteras contestan sin discusión el interrogante: nuestros Ayuntamientos no han sabido o no han querido defender los intereses de la comunidad. Los cientos de miles de millones de euros que adeudamos año tras año en hipotecas inmobiliarias han provocado que este país ya no pertenezca al conjunto de la ciudadanía sino que sea propiedad del capital financiero que no entiende de fronteras. Propietarios de suelos con vocación urbana y entidades financieras son los grandes beneficiarios de las políticas urbanísticas al uso.En este laberinto especulativo, los caminos están perfectamente trazados y cada viajero lleva su propia maleta, los consumidores vacías, otros, excesivamente llenas y, en muchos casos, compartidas entre quienes deciden el futuro urbanístico de las ciudades y los que se apresuran a comprar los nuevos territorios urbanos. Estos terratenientes urbanos impondrán el precio final de las viviendas, arruinando las economías familiares.

Ante esta situación, el único pacto político realmente efectivo sería determinar que todo el suelo con vocación urbana fuese suelo público. La legislación actual lo permite y lo aconseja como instrumento de intervención del mercado de suelo, mediante la figura de reservas de terrenos. Esta modalidad de intervención, no aplicada de manera efectiva en ningún Plan General de Ordenación Urbanística, abre la posibilidad a los Ayuntamientos para que adquieran suelo con vocación urbana a precio de valor rústico. Una vez obtenido, éste suelo pasaría a ser propiedad municipal utilizándose para la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, incluso se permite la construcción de viviendas no protegidas. Con esta determinación pública se acabaría de manera fulminante con prácticamente todos los procesos especulativos de recalificación urbanística. Este suelo público puede repercutirse en el destinatario de la vivienda, en cuyo caso no superará el quince por ciento del valor final de aquella, frente a la repercusión actual de mas del cien por cien cuando el suelo es de propiedad privada. También es posible determinar que el suelo adquirido siga siendo propiedad municipal y se otorgue a los compradores de las viviendas el derecho de superficie, de tal manera que el municipio mantendría un patrimonio público de suelo, garantizando su uso no especulativo para las generaciones futuras.

El suelo, como el aire o el agua, es un bien escaso y esencial, la vivienda un bien de primera necesidad, y no una mercancía con la que se pueda traficar. Los conceptos de propiedad privada han de ser modulados de acuerdo con la realidad social de cada momento histórico.Sin embargo, las críticas al tráfico urbanístico afloran únicamente cuando los Juzgados Penales intervienen y aparece algún cargo público implicado en el cobro de comisiones ilegales. Ni siquiera, en estos casos de mordida, las soluciones penales resuelven el problema de fondo. Delinquir en el ámbito urbanístico es rentable, las normas penales que sancionan este tipo de conductas son excesivamente benévolas, en el peor de los casos, apenas unos años de cárcel, en otros, como por ejemplo, en el delito de prevaricación no se contempla ni siquiera la privación de libertad, pero en todos, el delincuente salvará gran parte del patrimonio conseguido. Los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, trafico de influencias o cualquier otro aplicable, no son suficientemente ejemplarizantes porque no atacan el bien mas preciado del infractor: su patrimonio.

Por tanto, el delincuente urbanístico lo intentará una y otra vez, sabedor de que en el hipotético caso de ser sorprendido y condenado por alguna acción, su patrimonio acumulado será prácticamente intocable. Es necesario el endurecimiento de las penas privativas de libertad y al igual que se contempla en los delitos de tráfico de drogas, denominados -delitos contra la salud pública- se decomise todos los bienes del infractor porque la lucha contra el tráfico urbanístico también es una cuestión de salud y de higiene pública.

¿A dónde voy yo?

¿A dónde voy yo? Es un video documental de aproximadamente 40 minutos de duración que aborda la problemática social del acoso inmobiliario desde sus protagonistas más directos. Los inquilinos y las entidades creadas para su defensa: OTAINSA y la Liga de Inquilinos La Corriente. De la otra parte, tanto propietarios como administradores y promotores declinaron hacer comentario alguno. El proceso de selección de informantes se llevó después de un minucioso "trabajo de campo", en donde se entrevistó a más de veinte inquilinos e inquilinas en situación de abuso. En principio, eran entrevistas informales en donde se emplea el audio y la fotografía como soporte técnico. Las primeras tomas de contacto son esenciales para calibrar la situación concreta que sufre la persona afectada así como su trayectoria de vida. En ocasiones, son necesarias hasta tres y cuatro visitas previas para que la entrevista audiovisual se pueda realizar en un marco de plena confianza.

Los inquilinos e inquilinas susceptibles de sufrir prácticas de acoso o directamente en situación de abuso responden a una diversidad de perfiles sociales. Al grupo anteriormente reseñado de ancianos y pensionistas, se suma el de estudiantes, inmigrantes, parados y trabajadores precarios, personas separadas, etc., que demandan, cada vez con mayor asiduidad, asesoramiento y ayudan a OTAINSA y la Liga de Inquilinos. Para el documental hemos optado por centrarnos en el colectivo que sufre con mayor virulencia el mobbing y a la vez el más indefenso: el compuesto por personas mayores, con pensiones mínimas, que después de una prolongada vida laboral nunca pudieron acceder a una vivienda en propiedad y en la actualidad sufren un desmedido asedio para que abandonen el inmueble en el que han vivido durante buena parte de sus vidas. También, nos hemos centrado en personas solitarias, pensionistas, que habitan infraviviendas del casco antiguo hasta ayer totalmente abandonadas y que hoy suponen un disputado pastel para los especuladores. En todos los casos, la propiedad -nueva o de antes- aduce razones diversas para "expulsar" a los inquilinos sin posibilidad de indemnización y sin búsqueda de solución alguna, lo cual genera un cuadro de estrés importante entre los afectados con el consiguiente deterioro de la calidad de vida.

El proceso de toma de contactos y entrevistas informales hasta la concreción de las definitivas puso de manifiesto la vigencia de los miedos y temores de los inquilinos a las represalias por parte de los propietarios si se muestran firmes en las denuncias públicas de su situación de abuso. Muchos no quisieron hablar ante las cámaras. Tenían miedo de señalarse públicamente. En cualquier caso, este documental es de todos aquellos que tuvieron el coraje y el ánimo de hablar, pero confiamos en que los testimonios aquí reflejados sirvan también para reflejar los silencios.

¿A dónde voy yo? descubre otro rostro de Sevilla. El que muestra la crudeza de las políticas especulativas con sus efectos más inmediatos sobre ciudadanos indefensos a los que hacen sufrir un infierno, en muchos casos, durante los últimos años de sus vidas. En la intención de los autores y promotores está que ese documental contribuya en el debate social sobre un modelo de ciudad, donde a través de la concienciación y sensibilización ciudadana y la implementación de políticas públicas se pueda poner fin a las siniestras prácticas de acoso y a los procesos de expulsión de los vecinos tradicionales de su entorno.

OTAINSA Y PARQUE SOCIAL DE VIVIENDA

El acoso inmobiliario es un fenómeno tan extendido por toda España que la ONU ha calificado la situación de "vergonzosa". El Relator Especial para la vivienda digna de la oficina de derechos humanos de la ONU, Miloon Kothari, ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre la realidad española a partir de la visita que realizó por distintas ciudades, entre ellas Sevilla, en noviembre de 2006. Los testimonios y la información recibida por el Relator Especial, muestran varios factores discriminatorios en relación con el acceso a la vivienda, incluyendo el encarecimiento de las ciudades y la consiguiente segregación, desalojo y mobbing (violencia física y psicológica utilizada para obligar a la gente a abandonar su hogar con fines especulativos). El representante de la ONU está particularmente preocupado por la información que siguiere que en muy pocos casos los acusados por presunto mobbing fueron llevados a los tribunales y muchos testimonios atestiguan que esta práctica afecta especialmente a las personas mayores.

El acoso se ceba, principalmente, en los inquilinos y las inquilinas de renta antigua acogidos a la Ley de arrendamientos Urbanos de 1964. Los propietarios o administradores presionan a estas personas para que abandonen sus pisos y así sacarles mayor rendimiento. Por lo general, las viviendas de renta antigua presentan patologías graves de deterioro de la edificación debido a la dejadez y abandono por parte de los propietarios que no garantiza, en muchos casos, las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato. El perfil socioeconómico del arrendatario es el de una persona de avanzada edad, pensionista, con ingresos muy escasos para el sustento familiar y, muchos, con problemas de salud importantes. Constituyen un sector de ciudadanos que han residido durante buena parte de su vida en el domicilio que ocupan y que se ubica, mayoritariamente, en los cascos viejos de las ciudades. Es el vecino tradicional, el que ha dotado de identidad a los barrios más señeros: ancianos y ancianas –en muchos casos solitarios-, trabajadores precarios, con escasos recursos económicos, de formación reglada baja y sin apenas habilidades sociales para defenderse de un asedio tan complejo como sofisticado. En este sentido, el llamado mobbing inmobiliario se presenta como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana. Amplias zonas de los centros históricos con un importante porcentaje de población envejecida y cierta presencia de marginación social, adquieren en un proceso muy rápido – y, en ocasiones, gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos.

En Sevilla, estos procesos especulativos se acentúan en la década de los noventa, tras la Expo’92 y el Plan Urban, una iniciativa de rehabilitación urbana en la zona norte del caso antiguo, financiada por la Unión Europea que atrajo numerosos inversores. Se produce un acelerado desalojo del centro como consecuencia de las operaciones especulativas. Grandes zonas del caso viejo y los antiguos arrabales de Triana y San Bernardo habitados históricamente por clases populares son espacios altamente codiciados por sectores sociales con economía alta. Los inquilinos acogidos a leyes que garantizan su permanencia empiezan a ser ciudadanos incómodos para los propietarios. Los precios de los edificios sin inquilinos suben estrepitosamente frente a los edificios con arrendamientos antiguos. Esta situación se agudiza por el incremente continuado del precio de la vivienda en un proceso especulativo imparable. Se utilizarán todo tipo de mecanismos para generar el agotamiento emocional de estos inquilinos y el agotamiento del propio edificio. No se renuevan los contratos de arrendamiento que finalizan y se rescinden los de menos de cinco años, tal como permite la ley, dejando las viviendas vacías. Se abandona totalmente la conservación del inmueble y se inician expedientes para declararlo en ruina. Se realizan numerosas e incómodas obras de "mantenimiento" abriendo calos y catas en los techos e inundando de puntales las viviendas. Se procede a una presión jurídica al inquilino con denuncias de los propietarios que ocasiona fuertes gastos extraordinarios en asesoría (abogados, arquitectos, etc.). Se recurre a la figura del asustaviejas o personas sin escrúpulos cuya función es generar incertidumbre entre los vecinos sobre el futuro de su vivienda, o directamente atemorizarlos mediante prácticas infames. En ocasiones, el asedio constante y prolongado deriva en el desalojo forzado o el desahucio como manifestación más extrema y dramática del problema. En definitiva, se pretende la expulsión de cualquier manera y con el mínimo coste de los inquilinos, definidos en el argot inmobiliario, como bichos. Todo esto afecta a la propia salud física y psíquica del vecino redundando en una ostensible merma de su calidad de vida.

Es muy difícil determinar el número de personas que viven en situación de abuso por su condición de inquilino en nuestra ciudad. Se dice que en el Estado español hay hasta 300.000 pisos de alquiler de renta antigua que suponen el 20 % del total. Lo cierto es que este problema, hasta entonces muy desconocido, ha tomado visibilidad en Sevilla y otras ciudades andaluzas y españolas después de algunos casos de desahucio que tuvieron un gran impacto social. El más emblemático: el caso de Rosario Pulido, una anciana de 87 años que fue desahuciada en marzo de 2004 de su piso en la céntrica plaza de la Encarnación por no pagar, por error, 39 euros de la renta mensual. La indignación causada tuvo como fruto la creación inmediata, a nivel institucional y a instancias del grupo municipal de Izquierda Unida, de la Oficina Técnica de Asesoramiento a Inquilinos en Situación de Abuso (OTAINSA), coordinada en un principio por el Servicio de Observatorio y Control de Procesos de la Gerencia de Urbanismo y, a partir de Julio de 2007, adscrita a la Delegación Municipal de Infraestructuras para la Sostenibilidad. En el plano social, surge, también, la Plataforma de Inquilinos Amenazados que en abril de 2005 se constituye en Liga de Inquilinos La Corriente que agrupa a personas con problemáticas derivadas por su condición de inquilinos y desarrolla una inestimable labor de asesoría, denuncia, reivindicación, información y apoyo mutuo entre gentes con escasos recursos.

OTAINSA nace con la función primordial de atender especialmente la problemática social que se genera entre inquilinos y propietarios de inmuebles que incumplen el deber de conservación de la edificación y, de paso, poner freno a la especulación inmobiliaria. Desde su creación se han atendido centenares de casos y muchas familias se han salvado del desahucio. Además, cuenta con un parque de viviendas para los realojos temporales de aquellos vecinos que tienen que salir de sus casas por las obras de conservación del edificio, emprendidas por los propietarios o por la Gerencia de Urbanismo.