El acoso inmobiliario es un fenómeno tan extendido por toda España que la ONU ha calificado la situación de "vergonzosa". El Relator Especial para la vivienda digna de la oficina de derechos humanos de la ONU, Miloon Kothari, ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre la realidad española a partir de la visita que realizó por distintas ciudades, entre ellas Sevilla, en noviembre de 2006. Los testimonios y la información recibida por el Relator Especial, muestran varios factores discriminatorios en relación con el acceso a la vivienda, incluyendo el encarecimiento de las ciudades y la consiguiente segregación, desalojo y mobbing (violencia física y psicológica utilizada para obligar a la gente a abandonar su hogar con fines especulativos). El representante de la ONU está particularmente preocupado por la información que siguiere que en muy pocos casos los acusados por presunto mobbing fueron llevados a los tribunales y muchos testimonios atestiguan que esta práctica afecta especialmente a las personas mayores.
El acoso se ceba, principalmente, en los inquilinos y las inquilinas de renta antigua acogidos a la Ley de arrendamientos Urbanos de 1964. Los propietarios o administradores presionan a estas personas para que abandonen sus pisos y así sacarles mayor rendimiento. Por lo general, las viviendas de renta antigua presentan patologías graves de deterioro de la edificación debido a la dejadez y abandono por parte de los propietarios que no garantiza, en muchos casos, las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato. El perfil socioeconómico del arrendatario es el de una persona de avanzada edad, pensionista, con ingresos muy escasos para el sustento familiar y, muchos, con problemas de salud importantes. Constituyen un sector de ciudadanos que han residido durante buena parte de su vida en el domicilio que ocupan y que se ubica, mayoritariamente, en los cascos viejos de las ciudades. Es el vecino tradicional, el que ha dotado de identidad a los barrios más señeros: ancianos y ancianas –en muchos casos solitarios-, trabajadores precarios, con escasos recursos económicos, de formación reglada baja y sin apenas habilidades sociales para defenderse de un asedio tan complejo como sofisticado. En este sentido, el llamado mobbing inmobiliario se presenta como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana. Amplias zonas de los centros históricos con un importante porcentaje de población envejecida y cierta presencia de marginación social, adquieren en un proceso muy rápido – y, en ocasiones, gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos.
En Sevilla, estos procesos especulativos se acentúan en la década de los noventa, tras la Expo’92 y el Plan Urban, una iniciativa de rehabilitación urbana en la zona norte del caso antiguo, financiada por la Unión Europea que atrajo numerosos inversores. Se produce un acelerado desalojo del centro como consecuencia de las operaciones especulativas. Grandes zonas del caso viejo y los antiguos arrabales de Triana y San Bernardo habitados históricamente por clases populares son espacios altamente codiciados por sectores sociales con economía alta. Los inquilinos acogidos a leyes que garantizan su permanencia empiezan a ser ciudadanos incómodos para los propietarios. Los precios de los edificios sin inquilinos suben estrepitosamente frente a los edificios con arrendamientos antiguos. Esta situación se agudiza por el incremente continuado del precio de la vivienda en un proceso especulativo imparable. Se utilizarán todo tipo de mecanismos para generar el agotamiento emocional de estos inquilinos y el agotamiento del propio edificio. No se renuevan los contratos de arrendamiento que finalizan y se rescinden los de menos de cinco años, tal como permite la ley, dejando las viviendas vacías. Se abandona totalmente la conservación del inmueble y se inician expedientes para declararlo en ruina. Se realizan numerosas e incómodas obras de "mantenimiento" abriendo calos y catas en los techos e inundando de puntales las viviendas. Se procede a una presión jurídica al inquilino con denuncias de los propietarios que ocasiona fuertes gastos extraordinarios en asesoría (abogados, arquitectos, etc.). Se recurre a la figura del asustaviejas o personas sin escrúpulos cuya función es generar incertidumbre entre los vecinos sobre el futuro de su vivienda, o directamente atemorizarlos mediante prácticas infames. En ocasiones, el asedio constante y prolongado deriva en el desalojo forzado o el desahucio como manifestación más extrema y dramática del problema. En definitiva, se pretende la expulsión de cualquier manera y con el mínimo coste de los inquilinos, definidos en el argot inmobiliario, como bichos. Todo esto afecta a la propia salud física y psíquica del vecino redundando en una ostensible merma de su calidad de vida.
Es muy difícil determinar el número de personas que viven en situación de abuso por su condición de inquilino en nuestra ciudad. Se dice que en el Estado español hay hasta 300.000 pisos de alquiler de renta antigua que suponen el 20 % del total. Lo cierto es que este problema, hasta entonces muy desconocido, ha tomado visibilidad en Sevilla y otras ciudades andaluzas y españolas después de algunos casos de desahucio que tuvieron un gran impacto social. El más emblemático: el caso de Rosario Pulido, una anciana de 87 años que fue desahuciada en marzo de 2004 de su piso en la céntrica plaza de la Encarnación por no pagar, por error, 39 euros de la renta mensual. La indignación causada tuvo como fruto la creación inmediata, a nivel institucional y a instancias del grupo municipal de Izquierda Unida, de la Oficina Técnica de Asesoramiento a Inquilinos en Situación de Abuso (OTAINSA), coordinada en un principio por el Servicio de Observatorio y Control de Procesos de la Gerencia de Urbanismo y, a partir de Julio de 2007, adscrita a la Delegación Municipal de Infraestructuras para la Sostenibilidad. En el plano social, surge, también, la Plataforma de Inquilinos Amenazados que en abril de 2005 se constituye en Liga de Inquilinos La Corriente que agrupa a personas con problemáticas derivadas por su condición de inquilinos y desarrolla una inestimable labor de asesoría, denuncia, reivindicación, información y apoyo mutuo entre gentes con escasos recursos.
OTAINSA nace con la función primordial de atender especialmente la problemática social que se genera entre inquilinos y propietarios de inmuebles que incumplen el deber de conservación de la edificación y, de paso, poner freno a la especulación inmobiliaria. Desde su creación se han atendido centenares de casos y muchas familias se han salvado del desahucio. Además, cuenta con un parque de viviendas para los realojos temporales de aquellos vecinos que tienen que salir de sus casas por las obras de conservación del edificio, emprendidas por los propietarios o por la Gerencia de Urbanismo.
El acoso se ceba, principalmente, en los inquilinos y las inquilinas de renta antigua acogidos a la Ley de arrendamientos Urbanos de 1964. Los propietarios o administradores presionan a estas personas para que abandonen sus pisos y así sacarles mayor rendimiento. Por lo general, las viviendas de renta antigua presentan patologías graves de deterioro de la edificación debido a la dejadez y abandono por parte de los propietarios que no garantiza, en muchos casos, las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato. El perfil socioeconómico del arrendatario es el de una persona de avanzada edad, pensionista, con ingresos muy escasos para el sustento familiar y, muchos, con problemas de salud importantes. Constituyen un sector de ciudadanos que han residido durante buena parte de su vida en el domicilio que ocupan y que se ubica, mayoritariamente, en los cascos viejos de las ciudades. Es el vecino tradicional, el que ha dotado de identidad a los barrios más señeros: ancianos y ancianas –en muchos casos solitarios-, trabajadores precarios, con escasos recursos económicos, de formación reglada baja y sin apenas habilidades sociales para defenderse de un asedio tan complejo como sofisticado. En este sentido, el llamado mobbing inmobiliario se presenta como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana. Amplias zonas de los centros históricos con un importante porcentaje de población envejecida y cierta presencia de marginación social, adquieren en un proceso muy rápido – y, en ocasiones, gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos.
En Sevilla, estos procesos especulativos se acentúan en la década de los noventa, tras la Expo’92 y el Plan Urban, una iniciativa de rehabilitación urbana en la zona norte del caso antiguo, financiada por la Unión Europea que atrajo numerosos inversores. Se produce un acelerado desalojo del centro como consecuencia de las operaciones especulativas. Grandes zonas del caso viejo y los antiguos arrabales de Triana y San Bernardo habitados históricamente por clases populares son espacios altamente codiciados por sectores sociales con economía alta. Los inquilinos acogidos a leyes que garantizan su permanencia empiezan a ser ciudadanos incómodos para los propietarios. Los precios de los edificios sin inquilinos suben estrepitosamente frente a los edificios con arrendamientos antiguos. Esta situación se agudiza por el incremente continuado del precio de la vivienda en un proceso especulativo imparable. Se utilizarán todo tipo de mecanismos para generar el agotamiento emocional de estos inquilinos y el agotamiento del propio edificio. No se renuevan los contratos de arrendamiento que finalizan y se rescinden los de menos de cinco años, tal como permite la ley, dejando las viviendas vacías. Se abandona totalmente la conservación del inmueble y se inician expedientes para declararlo en ruina. Se realizan numerosas e incómodas obras de "mantenimiento" abriendo calos y catas en los techos e inundando de puntales las viviendas. Se procede a una presión jurídica al inquilino con denuncias de los propietarios que ocasiona fuertes gastos extraordinarios en asesoría (abogados, arquitectos, etc.). Se recurre a la figura del asustaviejas o personas sin escrúpulos cuya función es generar incertidumbre entre los vecinos sobre el futuro de su vivienda, o directamente atemorizarlos mediante prácticas infames. En ocasiones, el asedio constante y prolongado deriva en el desalojo forzado o el desahucio como manifestación más extrema y dramática del problema. En definitiva, se pretende la expulsión de cualquier manera y con el mínimo coste de los inquilinos, definidos en el argot inmobiliario, como bichos. Todo esto afecta a la propia salud física y psíquica del vecino redundando en una ostensible merma de su calidad de vida.
Es muy difícil determinar el número de personas que viven en situación de abuso por su condición de inquilino en nuestra ciudad. Se dice que en el Estado español hay hasta 300.000 pisos de alquiler de renta antigua que suponen el 20 % del total. Lo cierto es que este problema, hasta entonces muy desconocido, ha tomado visibilidad en Sevilla y otras ciudades andaluzas y españolas después de algunos casos de desahucio que tuvieron un gran impacto social. El más emblemático: el caso de Rosario Pulido, una anciana de 87 años que fue desahuciada en marzo de 2004 de su piso en la céntrica plaza de la Encarnación por no pagar, por error, 39 euros de la renta mensual. La indignación causada tuvo como fruto la creación inmediata, a nivel institucional y a instancias del grupo municipal de Izquierda Unida, de la Oficina Técnica de Asesoramiento a Inquilinos en Situación de Abuso (OTAINSA), coordinada en un principio por el Servicio de Observatorio y Control de Procesos de la Gerencia de Urbanismo y, a partir de Julio de 2007, adscrita a la Delegación Municipal de Infraestructuras para la Sostenibilidad. En el plano social, surge, también, la Plataforma de Inquilinos Amenazados que en abril de 2005 se constituye en Liga de Inquilinos La Corriente que agrupa a personas con problemáticas derivadas por su condición de inquilinos y desarrolla una inestimable labor de asesoría, denuncia, reivindicación, información y apoyo mutuo entre gentes con escasos recursos.
OTAINSA nace con la función primordial de atender especialmente la problemática social que se genera entre inquilinos y propietarios de inmuebles que incumplen el deber de conservación de la edificación y, de paso, poner freno a la especulación inmobiliaria. Desde su creación se han atendido centenares de casos y muchas familias se han salvado del desahucio. Además, cuenta con un parque de viviendas para los realojos temporales de aquellos vecinos que tienen que salir de sus casas por las obras de conservación del edificio, emprendidas por los propietarios o por la Gerencia de Urbanismo.
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