El fiscal secunda la querella por 'mobbing' de la calle de Robadors

Advierte de la gravedad de los hechos y reclama informes

"En la querella se sostienen afirmaciones muy graves, de las que podrían resultar imputaciones de delitos castigados con penas de prisión". Así de contundente se expresa el fiscal en relación con la querella por mobbing inmobiliario sufrido por un vecino del número 29 de la calle de Robadors de Barcelona. Es el único que queda en el inmueble, pues los otros acabaron marchándose, y lleva meses sufriendo el hostigamiento de los administradores.

En un escrito dirigido al juez, el fiscal solicita que antes de tomar declaración "a los imputados y a los testigos", se practiquen diversas diligencias para "preguntarles sobre datos y hechos concretos e indubitados". Entre esas diligencias, se reclama que la Guardia Urbana de Barcelona o los Mossos d'Esquadra realicen una inspección ocular del inmueble y tomen declaración a los vecinos, sean afectados o no por el acoso inmobiliario. También se solicita que se pida a las compañías de agua, gas y electricidad que informen sobre posibles cortes de suministro que hayan sufrido los vecinos y que el Ayuntamiento de Barcelona informe sobre el estado de las viviendas afectadas y si las empresas propietarias han realizado las obras exigidas por los informes técnicos que acompañan a la querella.

El Consistorio también deberá informar sobre si ha realizado tareas de desratización y desinsectación de los pisos, sobre si los bomberos han tenido que intervenir por el estado ruinoso de las viviendas, así como presentar una cronología de las quejas y denuncias presentadas por los vecinos. El distrito de Ciutat Vella ya se posicionó en su día al lado del afectado, y denunció el caso, pero todo quedó paralizado por la pasividad judicial.

La querella fue presentada en octubre de 2007 y ha pasado más de un año sin que el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona haya realizado ninguna gestión, ni siquiera la decisión formal de admisión o inadmisión a trámite de la misma. El magistrado que ha actuado con tal pasividad es Luis Fernando Gómez Vizcarra, jubilado hace unas semanas al cumplir los 70 años y que continúa como magistrado emérito en la Audiencia de Barcelona.
El fiscal considera que los administradores de las sociedades mercantiles Mancia 2003 SL y Tavarus SL pudieron cometer un delito contra la integridad moral, contra la libertad o contra el patrimonio.

Mientras tanto, el procedimiento de desahucio continúa su trámite. Fue suspendido hace unos días por la presión de los vecinos y la previsión es que se vuelva a intentar al cabo de unos dos meses.

Fuente: El País.