Desahucio, demolición y a la calle.Málaga

De la Torre se niega a realojar a los vecinos que abandonan sus casas por ruina.

Apenas llegó la policía, las siete familias que habitaban el edificio de calle Calvo, 21, abandonaron sus casas sin oponer resistencia alguna. Pasaban pocos minutos de las ocho de la mañana. La última noche en el edificio en el que muchos de ellos han habitado desde hace más de 30 años fue de vigilia y angustia. Todo ha sido demasiado rápido. El 17 de noviembre se cayó un trozo de un muro de medianería y los técnicos municipales certificaron que el edificio, una de las pocas casas que quedan en pie del antiguo Perchel, se encontraba en ruina y se decretó el desahucio.

La mayoría de los 21 vecinos sostienen que no saben dónde ir, ni lo que harán. Unos dicen haber encontrado acomodo provisional en casa de familiares, como Rocío y su marido, que tienen un niño de un año; otros en una pensión, y otros se encogen de hombros. La concejal de Asuntos Sociales, Mariví Romero, afirma sin embargo, que todos menos uno había informado que tenían un lugar donde vivir y que luego se retractaron, cuando los grupos políticos de la oposición "contactaron con ellos y les manipularon y convencieron de que podían obtener un piso". Sólo una mujer de los 21 residentes del inmueble aceptó la ayuda de 1.200 euros para un alquiler ofrecida por el Ayuntamiento. "Y con eso qué, cuando pasen dos meses qué pasa", pregunta una de las desahuciadas.

Los herederos de la propietaria se desentendieron del edificio hace 29 años y los vecinos se constituyeron en comunidad y han velado por él. En 2006 fue expropiado, y ha pertenecido a la Junta hasta que hace un 21 días lo permutó con el Ayuntamiento en un convenio sobre vivienda. Esa es la gran paradjoa, el edificio es de propiedad pública.

El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, tiene un informe de un arquitecto que sostiene que el edificio no está en ruina y que se puede reparar el muro desprendido. Pero se queja: "Eso pasa a segundo plano. En primer plano está que es una vergüenza y lamentable que en menos de un mes, sin contestar un recurso y sin dar ninguna salida a los vecinos, se mande a la policía y unas máquinas para ponerlos en la calle".

A mediodía, cuando la excavadora ya habían reducido a escombros el edificio, los vecinos van al pleno municipal, donde el PP vota en contra de la propuesta del PSOE de realojarlos inmediatamente. Se indignan y los vecinos no entienden que la concejal de Asuntos Sociales les hable de que se han cumplido los protocolos. "Están en la calle y no tienen donde ir, el ayuntamiento tiene la obligación de darles una solución urgente", insiste la concejal del PSOE Mariluz Reguero.

Mariví Romero reprocha a Mariluz Reguero que se le quiebre la voz cuando habla del asunto, y la invita a pasar un día en su área para inmunizarse. "Evidentemente, somos distintas, mientras yo me emociono, usted firma documentos", le reprocha la socialista. Los vecinos explotan, gritan y el pleno se interrumpe porque es la hora de la copa de Navidad que la corporación ofrece a la prensa. "Demagogos", masculla repetidamente el alcalde ante los bancos socialistas.

Fuente: El Pais

La Casa Grande, 400 años después. Rehabilitación de viviendas del casco histórico de Cádiz

El consejero de Vivienda reinaugura la Casa de Juan Paje, en la calle Obispo Urquinaona , donde volverán 16 inquilinos que malvivieron en ellas antes de la reforma · Once pisos servirán de realojo

"La Casa de Juan Paje se llenó con las familias inquilinas, que recibieron las llaves."

Algún hábil repartidor al que nadie vio había logrado colarse ayer en la Casa de Juan Paje para repartir publicidad de un conocido supermercado en unos buzones que no tenían aún nombres. Un repartidor, hace cuatro años, tenía que atravesar un siniestro pasillo de 18 metros de largo para dejar panfletos en la misma casa. No debía llegar mucha publicidad a esa casa entonces. Pero es que a esa casa no habían llegado ni los cuartos de baño. Ayer, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Espadas, inauguraba por segunda vez esta casa cuatro siglos después de la primera (hay referencias sobre la existencia de la Casa Grande de 1632).

La finca está terminada desde hace más de un mes, a la espera de una conexión que terminará de hacerse esta semana y que impide que, de momento, haya luz y agua en la finca. La entrega de llaves fue simbólica, puesto que los vecinos habrán de esperar algún tiempo para mudarse, pero más esmerada que en otras ocasiones porque las llaves venían en cajitas de madera y envueltas en virutas y las sillas de plástico se habían cubierto con fundas de tela con lazo con los colores andaluces. Como la Casa de Juan Paje se había convertido en uno de los emblemas de la infravivienda en el casco histórico de Cádiz, el final de su rehabilitación es uno de los emblemas de la eliminación de los partiditos. Por eso al acto acudieron los delegados provinciales de Gobierno (José Antonio Gómez Periñán) y Vivienda (Gabriel Almagro) y la gerente de la Oficina de Rehabilitación, Silvia López, entre otros. Y los nuevos vecinos.

A 16 de las 27 familias inquilinas no les hacía falta mirar las fotos colocadas en la planta baja. Eran imágenes de la casa antes de la reforma y ellos ya habían sufrido esa realidad en carnes. El resto son realojados. Entre los vecinos abundaron las reacciones de alegría en la entrega de llaves. La antigua vecina de la única vivienda del número 23, Juana Ramos, aseguraba que se había "quedado muerta" al ver el resultado de la reforma. La familia de Juan e Isabel vivía en la segunda planta del segundo patio, en dos partiditos, y ve fallos en su casa. Él sale al balcón para mostrar óxido y pintura saltada y ella recorre los cuatro dormitorios para demostrar que son pequeños para una familia numerosa como la suta. Del tubo de la campana de la cocina no había ni rastro.

Fuente: El Diario de Cádiz

El fiscal secunda la querella por 'mobbing' de la calle de Robadors

Advierte de la gravedad de los hechos y reclama informes

"En la querella se sostienen afirmaciones muy graves, de las que podrían resultar imputaciones de delitos castigados con penas de prisión". Así de contundente se expresa el fiscal en relación con la querella por mobbing inmobiliario sufrido por un vecino del número 29 de la calle de Robadors de Barcelona. Es el único que queda en el inmueble, pues los otros acabaron marchándose, y lleva meses sufriendo el hostigamiento de los administradores.

En un escrito dirigido al juez, el fiscal solicita que antes de tomar declaración "a los imputados y a los testigos", se practiquen diversas diligencias para "preguntarles sobre datos y hechos concretos e indubitados". Entre esas diligencias, se reclama que la Guardia Urbana de Barcelona o los Mossos d'Esquadra realicen una inspección ocular del inmueble y tomen declaración a los vecinos, sean afectados o no por el acoso inmobiliario. También se solicita que se pida a las compañías de agua, gas y electricidad que informen sobre posibles cortes de suministro que hayan sufrido los vecinos y que el Ayuntamiento de Barcelona informe sobre el estado de las viviendas afectadas y si las empresas propietarias han realizado las obras exigidas por los informes técnicos que acompañan a la querella.

El Consistorio también deberá informar sobre si ha realizado tareas de desratización y desinsectación de los pisos, sobre si los bomberos han tenido que intervenir por el estado ruinoso de las viviendas, así como presentar una cronología de las quejas y denuncias presentadas por los vecinos. El distrito de Ciutat Vella ya se posicionó en su día al lado del afectado, y denunció el caso, pero todo quedó paralizado por la pasividad judicial.

La querella fue presentada en octubre de 2007 y ha pasado más de un año sin que el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona haya realizado ninguna gestión, ni siquiera la decisión formal de admisión o inadmisión a trámite de la misma. El magistrado que ha actuado con tal pasividad es Luis Fernando Gómez Vizcarra, jubilado hace unas semanas al cumplir los 70 años y que continúa como magistrado emérito en la Audiencia de Barcelona.
El fiscal considera que los administradores de las sociedades mercantiles Mancia 2003 SL y Tavarus SL pudieron cometer un delito contra la integridad moral, contra la libertad o contra el patrimonio.

Mientras tanto, el procedimiento de desahucio continúa su trámite. Fue suspendido hace unos días por la presión de los vecinos y la previsión es que se vuelva a intentar al cabo de unos dos meses.

Fuente: El País.

Silencio judicial en una querella por 'mobbing' en la calle de Robadors, Barcelona

Manel González es el único inquilino que queda en la finca del número 29 de la calle de Robadors de Barcelona. Su piso es fácil de reconocer porque no está tapiado. El resto, más de una quincena, están sellados a cal y canto. Él sigue malviviendo con goteras intencionadas -para echarle no han dudado en cortarle el suministro de luz y producir escapes- en una escalera en condiciones deplorables y con un sinfín de problemas. Lleva años denunciando ser víctima de mobbing. En octubre de 2007 presentó una querella criminal contra las sociedades que en ese momento eran propietarias de la finca y en noviembre presentó denuncia en el distrito de Ciutat Vella por idéntico motivo. Las dos se acumularon en el juzgado de instrucción número 12, que todavía no ha realizado ni una diligencia. Ni sobre las pedidas por el propio afectado ni por las interesadas por el fiscal antes del verano. "Ni han llamado a declarar a nadie, ni nada de nada", explica el abogado Jaume Asens, que representa al inquilino.

La demanda por 'mobbing' está parada desde que se presentó, en 2007."Si van a este paso, para cuando quieran resolver lo que sea ya se habrá ejecutado el desahucio", apuntaba un portavoz del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (DESC). De hecho, hace un año se suspendió el desalojo y ayer se volvió a paralizar por el estado de salud del afectado y por la presión que hicieron un grupo de personas y entidades que le apoyan, entre ellas la FAVB y el Observatorio. El desalojo fue instado por las dos sociedades actualmente propietarias del edificio -Taravaus 8086 y Mancia 2003- que demandaron al inquilino porque el contrato de alquiler había finiquitado.

Pero la historia es mucho más larga y compleja. Arranca a principios de este milenio, cuando una vez abierta la Rambla del Raval se puso sobre el tapete urbanístico otra intervención de calado: la de Illa de Robadors. Hoy está prácticamente concluida con el hotel Raval ya en marcha, las viviendas sociales construidas y entregadas y el edificio de oficinas casi terminado. Falta la Filmoteca de la Generalitat, que se construirá al lado, con frente a la plaza de Salvador Seguí. Fue entonces cuando muchas de las fincas de la calle de Robadors empezaron a despertar el interés de sus propietarios y el de muchos promotores inmobiliarios. Las compraban con inquilinos, muchos de ellos con contratos indefinidos.

La finca del número 29, en la que vive el afectado, fue vendida en cuatro ocasiones entre julio de 2001 y julio de 2003 y en el registro aparecen hasta siete sociedades distintas. Antes de que empezara el baile de compraventas, el inmueble tenía 20 viviendas ocupadas y tres locales. Hoy sólo queda Manel González y el Bar La Alegría, que, de momento, resiste a la presión de la propiedad para que acepte una indemnización y se vaya. La mayor parte de los inquilinos de esa finca, como sus vecinas, son gente mayor. Muchos por encima de los 65 años y con más cosas en común: alquileres bajos y unas rentas que a duras penas llegaban a los 400 euros. Tres inquilinos de esa finca, además de Manel González, firmaron la querella presentada el año pasado. "Pero se han retirado después de llegar a acuerdos con la propiedad", explicaba ayer el letrado Asens.

El caso del único inquilino y también querellante es más complejo porque su contrato era temporal. Un juzgado le reconoció el derecho de compra preferente cuando la finca fue vendida, algo que la propiedad le ocultó pero un tribunal superior se lo deniega. Así las cosas, ahora quieren echarle a toda costa.La actuación del Ayuntamiento se ha limitado a requerir a la propiedad que rehabilitara la finca en cinco ocasiones, requerimientos que no fueron atendidos, como tampoco fue pagada la sanción económica impuesta por eso mismo. Ahora, el distrito ha ofrecido una vivienda social al afectado por el mobbing. "Bueno, eso dicen. Porque, por ahora, no han concretado ni dónde, ni cuándo", subrayaba un representante del observatorio DESC.

Fuente: El Pais