La anciana que paró un plan urbanístico en Murcia fallece cuatro meses después de ser desalojada

Cuando el pasado 18 de julio el Ayuntamiento de Murcia derribó la casa de Violante en la huerta para construir una gran avenida, sus familiares no paraban de repetirlo: "No podrá vivir mucho fuera de la huerta, no soportará vivir en un piso". Violante, de 84 años, sólo resistió cuatro meses. Ayer falleció en Murcia de "parada cardiorrespitoria, shock séptico y fallo multiorgánico", según informó la familia. Sus familiares dicen que falleció de pena, después de luchar durante más de un año por mantener su casa en la huerta.

Hace un año Violante y su marido, Pedro Camacho, de 90 años, fueron noticia porque en el último instante un juez paró los planes del Ayuntamiento de Murcia de derribar la vivienda la vivienda en la huerta y realojar al matrimonio en un piso. El juez tomó la medida para "paliar las graves consecuencias que para la salud" del matrimonio de ancianos "podría conllevar su desalojo y no realojo en condiciones similares". Los ancianos habían vivido toda su vida en una casa de la huerta de Murcia, con gallinas, gatos y limoneros y el juez, basado en los informe médicos, temía por su salud si los mandaban a un piso. Pedro y Violante entendían que su casa podía estorbar, pero pedían una similar, aunque fuese más barata que el piso que les tocaba. El juez impidió el derribo "hasta tanto tenga lugar su realojo provisional en vivienda de similares condiciones en el entorno de la expropiada.

El Ayuntamiento recurrió con el argumento de que esas viviendas en al huerta estaban "condenadas a desaparecer". Y ganó. El Tribunal superior de Murcia falló el pasado mes de junio que, aunque "el abandono de su vivienda" podía "ocasionar perjuicios" a la pareja la vivienda había "sido expropiada y necesariamente debían abandonarla".

El pasado 17 de julio, Violante y Pedro dejaron la casa que habitaban desde 1946. Al día siguiente la piqueta derribó la vivienda. "Desde entonces ella decía que no quería vivir así. Después de toda la vida en la huerta un piso no era bueno para ella y los médicos lo habían advertido", explica su familia. Hace un mes ingresó por primera vez en el hospital y el 10 de noviembre un parte médico alerto del deterioro que sufría la mujer por el desalojo. Anoche falleció en el hospital. Su familia quiere que se conozca el caso: "Hay muchos huertanos que abandonan su casa porque los expropian y se mueren de pena. Que se sepa que esto ocurre".

Fuente: El Pais
http://http://www.elpais.com/articulo/espana/anciana/paro/plan/urbanistico/Murcia/fallece/meses/despues/ser/desalojada/elpepuesp/20081125elpepunac_4/Tes

El acoso inmobiliario: una lucha desigual

La Oficina del Defensor del Ciudadano recoge una veintena de casos de 'mobbing'. La guía marca las pautas para las víctimas

El acoso o 'mobbing' inmobiliario es la historia de David contra Goliat del siglo XXI. Pero los inquilinos no están solos en esta batalla. Ése es el mensaje que se desprende del libro 'El acoso inmobiliario: una lucha desigual', elaborado por la Oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga, el primer título que trata de forma específica este problema y que desgrana una veintena de casos en la provincia como ejemplo de un problema que viven a diario cientos de personas.
El libro establece las prácticas más comunes del acoso inmobiliario y establece las pautas que debe seguir el inquilino para no ceder a las pretensiones de los propietarios. Olvidar el mantenimiento, destrozar la vivienda, negarse al cobro del alquiler o proferir amenazas y denuncias son las armas que utiliza el acosador. Por su parte, el acosado debe recoger el máximo de documentación sobre el caso, conocer la situación jurídica del inmueble, pagar el alquiler y que quede constancia, denunciar las deficiencias del inmueble y acudir a asociaciones y entidades que se encarguen de defender sus derechos para evitar que le expulsen del piso de forma irregular.

Falta de información

«El problema es que las víctimas del mobbing inmobiliario suelen ser personas mayores y personas con pocos recursos que desconocen sus derechos como inquilinos de renta antigua», afirma Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano.
Gutiérrez explica que ya se están dando las primeras sentencias sobre estos casos que sentarán precedentes en el futuro. Además, explica que la vía judicial no es la única y que la mediación que realizan instituciones como el defensor del ciudadano están solucionando muchos conflictos. El libro, que se presentó ayer en un acto en la Diputación de Málaga, cuenta con la colaboración de los colegios de Abogados, Aparejadores y Arquitectos de Málaga, además del Defensor del Pueblo andaluz y del recién nombrado fiscal antiacoso de Barcelona. MÁS INFORMACIÓN I Defensor del Ciudadano. 900 115 900

Fuente: Sur

Otainsa gana el Premio Progeso por su labor en la defensa de los inquilinos

El pasado 31 de octubre se entregaron en Jaén los IV Premios Progreso, otorgados por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía de UGT-A (Fudepa), y la FAMP, a aquellos proyectos impulsados desde los ayuntamientos que suponen una mejora para sus ciudadanos y la sociedad.

La delegada del Gobierno Andaluz en Jaén, Teresa Vega; el vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández; el presidente de CajaGranada, Antonio Claret, y la concejal del Ayuntamiento de Jaén, Lola Herrera, junto al vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Juan Ramón Troncoso, y el presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), Manuel Pastrana, fueron los encargados de entregar los galardones en el acto celebrado hoy en el Nuevo Teatro Infanta Leonor.

Otainsa ha sido premiada por su labor en contra de los casos de acoso inmobiliario y su gestión del Parque de Viviendas Sociales en la categoría de Vivienda y Urbanismo
El premio fue recogido por el Jefe del Servicio de Otainsa y Gestión del Parque Social de Vivienda.

El objetivo de los galardones es reconocer acciones que promuevan el desarrollo económico, social y la generación de empleo, así como que permitan mejorar las condiciones de vida y la cohesión andaluza.Este objetivo se acompaña de otros más específicos, como son:

1. Fomentar las políticas sobre desarrollo económico y empleo que anualmente ponen en práctica las administraciones.
2. Crear un foro de debate y presentación de proyectos.
3. Abrir una vía de intercambio de experiencias.
4. Reconocer la iniciativa, originalidad e innovación de las acciones emprendidas por las corporaciones locales andaluzas.
5. Difundir y divulgar por el territorio andaluz estas iniciativas de creación de empleo y desarrollo económico y social.
6. Reconocer públicamente los esfuerzos realizados por los ayuntamientos y/o diputaciones andaluzas.
7. Fomentar las políticas sobre desarrollo económico y empleo que anualmente ponen en práctica las administraciones

El Congreso tramitará una propuesta para frenar el 'mobbing' inmobilario

El Congreso de los Diputados tramitará una proposición de ley orgánica planteada por CiU para, entre otras medidas relacionadas con el alquiler, impedir los procesos de 'mobbing' inmobiliario. La iniciativa llega después de que en apenas 24 horas se hayan dictado dos sentencias de prisión en sendos casos de acoso a inquilinos.
Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo al texto, que plantea además la elaboración, en un plazo de seis meses, de otro proyecto de ley que regule la creación de ayudas destinadas a sufragar el impago de las rentas de alquiler de vivienda habitual para las víctimas de este fenómeno social relativamente reciente y las personas en situación de alta vulnerabilidad social.

Asimismo, la propuesta aprobada ya en la Cámara Baja incluye disposiciones para agilizar los procesos de desahucio en caso de impago con el objetivo de dotar de mayor seguridad a arrendatarios y arrendadores y potenciar el mercado de pisos en régimen de arrendamiento.
CiU, a través de su portavoz de Vivienda, Pere Macias, justifica el «reiterado interés» de su partido en esta iniciativa por la necesidad de establecer un «mecanismo rápido y eficaz» de protección de los propietarios para dar el suficiente impulso al mercado de alquiler.
Macias ha recordado que esta propuesta, que implica la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Enjuiciamiento Civil, fue aprobada por el Senado a finales de 2007, pero que decayó por el final de la legislatura a pesar de la «urgencia» que suscitan las graves dificultades para arrendadores y arrendatarios, informa Europa Press.
El diputado del Partido Popular Vicente Ferrer ha señalado que la propuesta de ley es «plenamente coincidente» con las medidas para el impulso del alquiler de su grupo.

Momento inoportuno
El PSOE también apoya la propuesta aunque advierte de su «inoportunidad» por coincidir con la tramitación de un proyecto legislativo sobre esta cuestión por parte del Gobierno, por lo que aquélla deberá ser «subsumida» en el proyecto de ley que remita el Ejecutivo, en palabras de la diputada socialista Carmen Juanes. «El Gobierno tiene como objetivo impulsar el alquiler y nuestra posición no puede ser más clara», apostilla.

Leido en El Mundo

Primeras condenas a prisión en Bilbao y Barcelona por acoso inmobiliario

El Juzgado número 2 de lo Penal de Bilbao ha condenado a tres años y tres meses de prisión a un empresario acusado de ceder su piso en Getxo (Vizcaya) a un grupo de gitanos para lograr que el resto de vecinos abandonaran el edificio. Asimismo, y en una de las primeras sentencias que acaban con pena de prisión en Cataluña, un juzgado de Barcelona ha condenado a un año de prisión a dos hermanos por "mobbing" inmobiliario a una pareja joven en un piso de Barcelona.

En el primer caso, y según el fallo de la sentencia, el empresario Juan José Rementería Bilbao ha sido condenado a dos años de prisión por un delito contra la integridad moral; a otros quince meses de cárcel por un delito continuado de allanamiento de morada; y a una multa de quince meses a razón de 20 euros/día por un delito de daños. Además, la sentencia prohíbe al empresario acercarse a menos de 200 metros de las víctimas y regresar al municipio de Getxo durante cinco años, y le absuelve de un delito de amenazas y de otro de robo con fuerza. Por su parte, los tres miembros del grupo gitano inculpados han sido condenados a penas que oscilan entre los tres años y tres meses y los cinco años y nueve meses, según su grado de implicación, por delitos contra la integridad moral, daños, allanamiento, amenazas y robo con fuerza.

El tribunal considera probado que entre el 25 de julio de 2003 y el 20 de agosto de 2004 se produjeron de "forma incesante actos de hostigamiento", creando en las víctimas "un sentimiento de angustia, miedo y desasosiego que terminara por hacerles sucumbir a las pretensiones del instigador de esos actos, es decir, bien venderle la vivienda o avenirse a la ejecución de las obras que pretendía". Los hechos se remontan a mayo de 2000, cuando, según relata la sentencia, el empresario condenado adquirió el primer piso de la Casa Tangora, un palacete situado en la zona residencial de Neguri, en Getxo. Dado que el resto de vecinos del inmueble, propietarios de los pisos bajo y segundo, se negaron a venderle sus viviendas o a realizar las obras que él pretendía, alquiló su piso por un euro a los demás condenados para que realizaran actos de hostigamiento contra estos vecinos. Estos actos tenían el objetivo de forzar al resto de habitantes del inmueble a abandonar sus casas o a realizar las obras requeridas por el empresario. Así, la sentencia dice que tres de los condenados y "otras personas no identificadas pero del mismo grupo familiar", desplegaron una serie de actividades que "atentaban a la dignidad" y "humillaban a los miembros de las familias propietarias de las viviendas aledañas", con Juan José Rementería Bilbao "como inductor".

En este sentido, el tribunal enumera varios hechos enmarcados en este "plan de hostigamiento": en agosto de 2003 uno de los acusados forzó la entrada del segundo piso del inmueble, en ese momento vacío, y sustrajo piezas de ajuar y un televisor; en septiembre los acusados mancharon con heces los vehículos de una de las familias. Además, en otras ocasiones provocaron filtraciones de agua, arrojaron residuos, y provocaron "continuos" ruidos y taconeos. La sentencia añade que, debido a estos hechos, dos de los vecinos, una mujer y su hijo menor, sufrieron trastornos de ansiedad, por lo que se les recetaron ansiolíticos, que el menor no llegó a tomar.Condena por "mobbing"

Por otra parte, un juzgado de Barcelona ha condenado a un año de prisión a dos hermanos por hacer "mobbing" inmobiliario a una pareja joven en un piso de Barcelona. Esta es una de las primeras sentencias de este tipo que acaban con pena de prisión en Cataluña. Los acusados tendrán que indemnizar a las víctimas con 3.300 euros por daños morales. Algunos vecinos de la pareja explicaron que desde hacía tres años, los jóvenes "no disponían ni de agua ni de luz". La sentencia recoge que entre el verano y el otoño de 2005, los dos hermanos condenados, Alfonso y Pere J.Q, cortaron varias veces el suministro de luz y agua a los denunciantes, Ana María C.S y Francisco G.D, e incluso les arrancaron los contadores, los inutilizaron e impidieron el acceso a ellos. Incluso llegaron a sellar la puerta de entrada al piso.

Finalmente, las víctimas tuvieron que abandonar la vivienda en noviembre debido a las condiciones de insalubridad en las que se encntraban. Y es que la situación había llegado a tal extremo que tenían que ir a buscar agua a la fuente, alumbrarse con velas, cocinar con pequeñas bombonas de gas y comprar la comida cada día por no poder disponer de frigorífico.Ante estos hechos el juez absuelve a los hermanos de una falta de daños pero les condena por un delito de coacciones un año de prisión y a indemnizar a la pareja con 3.300 euros por daños morales.

Leído en el diario El Faro de Vigo

Tráfico urbanístico versus tráfico de drogas

La droga, dice el eslogan, mata poco a poco a quien la consume, el tráfico urbanístico contamina y envilece a todo un país. La droga enriquece a los traficantes; el tráfico urbanístico de consumo necesario para la ciudadanía arruina a una sociedad y mueve más dinero en nuestro país que el conjunto de tráfico de drogas que atraviesa la península. Sin embargo, se nos pretende también convencer de que el tráfico urbanístico es residual y no deja de ser más que algún que otro devaneo de gente sin escrúpulos.El que este país sea en el contexto europeo el que más energías gasta en el ladrillo, se dice que más que Italia, Francia y Alemania juntos, no es por casualidad ni porque no sea posible dedicar los esfuerzos económicos a otras actividades mercantiles. La razón fundamental radica en las escandalosas plusvalías que generan las recalificaciones urbanísticas, sin parangón en el entorno europeo. Plusvalías especulativas que tienen unos pocos beneficiarios y millones de perjudicados.

El urbanismo especulativo dinamita las teorías clásicas de la economía productiva. Es posible obtener grandes beneficios económicos sin generar ni un solo coste de producción. El valor del suelo no dependerá de la suma de los costes de transformación de uso sino únicamente de si ese suelo tiene vocación de ser urbano. A partir de ahí el valor agrícola desaparece y el único parámetro a considerar será el número de viviendas por hectárea que potencialmente puedan construirse. En ese preciso instante se produce el negocio especulativo urbano, en ese momento su valor se multiplica por cien. No van a ser los consumidores finales, ni siquiera las constructoras que trabajan con márgenes de beneficio industrial razonable, quienes se van a beneficiar de las políticas de expansión urbana sino, exclusivamente, los detentadores de ese espacio privilegiado. A partir de este momento se desata una carrera imparable para el reparto de la tarta especulativa.La decisión de si un suelo es o no urbano corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos. De ahí la enorme responsabilidad que se deriva de la tarea de gobernar.

La pregunta que cabe hacerse a continuación es si los Ayuntamientos están cumpliendo con el mandato constitucional según el cual la comunidad debe participar de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (art. 47.2 C.E.). La escasez de viviendas sociales, así como los precios desorbitados de las viviendas libres que hipotecan a generaciones enteras contestan sin discusión el interrogante: nuestros Ayuntamientos no han sabido o no han querido defender los intereses de la comunidad. Los cientos de miles de millones de euros que adeudamos año tras año en hipotecas inmobiliarias han provocado que este país ya no pertenezca al conjunto de la ciudadanía sino que sea propiedad del capital financiero que no entiende de fronteras. Propietarios de suelos con vocación urbana y entidades financieras son los grandes beneficiarios de las políticas urbanísticas al uso.En este laberinto especulativo, los caminos están perfectamente trazados y cada viajero lleva su propia maleta, los consumidores vacías, otros, excesivamente llenas y, en muchos casos, compartidas entre quienes deciden el futuro urbanístico de las ciudades y los que se apresuran a comprar los nuevos territorios urbanos. Estos terratenientes urbanos impondrán el precio final de las viviendas, arruinando las economías familiares.

Ante esta situación, el único pacto político realmente efectivo sería determinar que todo el suelo con vocación urbana fuese suelo público. La legislación actual lo permite y lo aconseja como instrumento de intervención del mercado de suelo, mediante la figura de reservas de terrenos. Esta modalidad de intervención, no aplicada de manera efectiva en ningún Plan General de Ordenación Urbanística, abre la posibilidad a los Ayuntamientos para que adquieran suelo con vocación urbana a precio de valor rústico. Una vez obtenido, éste suelo pasaría a ser propiedad municipal utilizándose para la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, incluso se permite la construcción de viviendas no protegidas. Con esta determinación pública se acabaría de manera fulminante con prácticamente todos los procesos especulativos de recalificación urbanística. Este suelo público puede repercutirse en el destinatario de la vivienda, en cuyo caso no superará el quince por ciento del valor final de aquella, frente a la repercusión actual de mas del cien por cien cuando el suelo es de propiedad privada. También es posible determinar que el suelo adquirido siga siendo propiedad municipal y se otorgue a los compradores de las viviendas el derecho de superficie, de tal manera que el municipio mantendría un patrimonio público de suelo, garantizando su uso no especulativo para las generaciones futuras.

El suelo, como el aire o el agua, es un bien escaso y esencial, la vivienda un bien de primera necesidad, y no una mercancía con la que se pueda traficar. Los conceptos de propiedad privada han de ser modulados de acuerdo con la realidad social de cada momento histórico.Sin embargo, las críticas al tráfico urbanístico afloran únicamente cuando los Juzgados Penales intervienen y aparece algún cargo público implicado en el cobro de comisiones ilegales. Ni siquiera, en estos casos de mordida, las soluciones penales resuelven el problema de fondo. Delinquir en el ámbito urbanístico es rentable, las normas penales que sancionan este tipo de conductas son excesivamente benévolas, en el peor de los casos, apenas unos años de cárcel, en otros, como por ejemplo, en el delito de prevaricación no se contempla ni siquiera la privación de libertad, pero en todos, el delincuente salvará gran parte del patrimonio conseguido. Los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, trafico de influencias o cualquier otro aplicable, no son suficientemente ejemplarizantes porque no atacan el bien mas preciado del infractor: su patrimonio.

Por tanto, el delincuente urbanístico lo intentará una y otra vez, sabedor de que en el hipotético caso de ser sorprendido y condenado por alguna acción, su patrimonio acumulado será prácticamente intocable. Es necesario el endurecimiento de las penas privativas de libertad y al igual que se contempla en los delitos de tráfico de drogas, denominados -delitos contra la salud pública- se decomise todos los bienes del infractor porque la lucha contra el tráfico urbanístico también es una cuestión de salud y de higiene pública.

¿A dónde voy yo?

¿A dónde voy yo? Es un video documental de aproximadamente 40 minutos de duración que aborda la problemática social del acoso inmobiliario desde sus protagonistas más directos. Los inquilinos y las entidades creadas para su defensa: OTAINSA y la Liga de Inquilinos La Corriente. De la otra parte, tanto propietarios como administradores y promotores declinaron hacer comentario alguno. El proceso de selección de informantes se llevó después de un minucioso "trabajo de campo", en donde se entrevistó a más de veinte inquilinos e inquilinas en situación de abuso. En principio, eran entrevistas informales en donde se emplea el audio y la fotografía como soporte técnico. Las primeras tomas de contacto son esenciales para calibrar la situación concreta que sufre la persona afectada así como su trayectoria de vida. En ocasiones, son necesarias hasta tres y cuatro visitas previas para que la entrevista audiovisual se pueda realizar en un marco de plena confianza.

Los inquilinos e inquilinas susceptibles de sufrir prácticas de acoso o directamente en situación de abuso responden a una diversidad de perfiles sociales. Al grupo anteriormente reseñado de ancianos y pensionistas, se suma el de estudiantes, inmigrantes, parados y trabajadores precarios, personas separadas, etc., que demandan, cada vez con mayor asiduidad, asesoramiento y ayudan a OTAINSA y la Liga de Inquilinos. Para el documental hemos optado por centrarnos en el colectivo que sufre con mayor virulencia el mobbing y a la vez el más indefenso: el compuesto por personas mayores, con pensiones mínimas, que después de una prolongada vida laboral nunca pudieron acceder a una vivienda en propiedad y en la actualidad sufren un desmedido asedio para que abandonen el inmueble en el que han vivido durante buena parte de sus vidas. También, nos hemos centrado en personas solitarias, pensionistas, que habitan infraviviendas del casco antiguo hasta ayer totalmente abandonadas y que hoy suponen un disputado pastel para los especuladores. En todos los casos, la propiedad -nueva o de antes- aduce razones diversas para "expulsar" a los inquilinos sin posibilidad de indemnización y sin búsqueda de solución alguna, lo cual genera un cuadro de estrés importante entre los afectados con el consiguiente deterioro de la calidad de vida.

El proceso de toma de contactos y entrevistas informales hasta la concreción de las definitivas puso de manifiesto la vigencia de los miedos y temores de los inquilinos a las represalias por parte de los propietarios si se muestran firmes en las denuncias públicas de su situación de abuso. Muchos no quisieron hablar ante las cámaras. Tenían miedo de señalarse públicamente. En cualquier caso, este documental es de todos aquellos que tuvieron el coraje y el ánimo de hablar, pero confiamos en que los testimonios aquí reflejados sirvan también para reflejar los silencios.

¿A dónde voy yo? descubre otro rostro de Sevilla. El que muestra la crudeza de las políticas especulativas con sus efectos más inmediatos sobre ciudadanos indefensos a los que hacen sufrir un infierno, en muchos casos, durante los últimos años de sus vidas. En la intención de los autores y promotores está que ese documental contribuya en el debate social sobre un modelo de ciudad, donde a través de la concienciación y sensibilización ciudadana y la implementación de políticas públicas se pueda poner fin a las siniestras prácticas de acoso y a los procesos de expulsión de los vecinos tradicionales de su entorno.

OTAINSA Y PARQUE SOCIAL DE VIVIENDA

El acoso inmobiliario es un fenómeno tan extendido por toda España que la ONU ha calificado la situación de "vergonzosa". El Relator Especial para la vivienda digna de la oficina de derechos humanos de la ONU, Miloon Kothari, ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre la realidad española a partir de la visita que realizó por distintas ciudades, entre ellas Sevilla, en noviembre de 2006. Los testimonios y la información recibida por el Relator Especial, muestran varios factores discriminatorios en relación con el acceso a la vivienda, incluyendo el encarecimiento de las ciudades y la consiguiente segregación, desalojo y mobbing (violencia física y psicológica utilizada para obligar a la gente a abandonar su hogar con fines especulativos). El representante de la ONU está particularmente preocupado por la información que siguiere que en muy pocos casos los acusados por presunto mobbing fueron llevados a los tribunales y muchos testimonios atestiguan que esta práctica afecta especialmente a las personas mayores.

El acoso se ceba, principalmente, en los inquilinos y las inquilinas de renta antigua acogidos a la Ley de arrendamientos Urbanos de 1964. Los propietarios o administradores presionan a estas personas para que abandonen sus pisos y así sacarles mayor rendimiento. Por lo general, las viviendas de renta antigua presentan patologías graves de deterioro de la edificación debido a la dejadez y abandono por parte de los propietarios que no garantiza, en muchos casos, las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato. El perfil socioeconómico del arrendatario es el de una persona de avanzada edad, pensionista, con ingresos muy escasos para el sustento familiar y, muchos, con problemas de salud importantes. Constituyen un sector de ciudadanos que han residido durante buena parte de su vida en el domicilio que ocupan y que se ubica, mayoritariamente, en los cascos viejos de las ciudades. Es el vecino tradicional, el que ha dotado de identidad a los barrios más señeros: ancianos y ancianas –en muchos casos solitarios-, trabajadores precarios, con escasos recursos económicos, de formación reglada baja y sin apenas habilidades sociales para defenderse de un asedio tan complejo como sofisticado. En este sentido, el llamado mobbing inmobiliario se presenta como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana. Amplias zonas de los centros históricos con un importante porcentaje de población envejecida y cierta presencia de marginación social, adquieren en un proceso muy rápido – y, en ocasiones, gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos.

En Sevilla, estos procesos especulativos se acentúan en la década de los noventa, tras la Expo’92 y el Plan Urban, una iniciativa de rehabilitación urbana en la zona norte del caso antiguo, financiada por la Unión Europea que atrajo numerosos inversores. Se produce un acelerado desalojo del centro como consecuencia de las operaciones especulativas. Grandes zonas del caso viejo y los antiguos arrabales de Triana y San Bernardo habitados históricamente por clases populares son espacios altamente codiciados por sectores sociales con economía alta. Los inquilinos acogidos a leyes que garantizan su permanencia empiezan a ser ciudadanos incómodos para los propietarios. Los precios de los edificios sin inquilinos suben estrepitosamente frente a los edificios con arrendamientos antiguos. Esta situación se agudiza por el incremente continuado del precio de la vivienda en un proceso especulativo imparable. Se utilizarán todo tipo de mecanismos para generar el agotamiento emocional de estos inquilinos y el agotamiento del propio edificio. No se renuevan los contratos de arrendamiento que finalizan y se rescinden los de menos de cinco años, tal como permite la ley, dejando las viviendas vacías. Se abandona totalmente la conservación del inmueble y se inician expedientes para declararlo en ruina. Se realizan numerosas e incómodas obras de "mantenimiento" abriendo calos y catas en los techos e inundando de puntales las viviendas. Se procede a una presión jurídica al inquilino con denuncias de los propietarios que ocasiona fuertes gastos extraordinarios en asesoría (abogados, arquitectos, etc.). Se recurre a la figura del asustaviejas o personas sin escrúpulos cuya función es generar incertidumbre entre los vecinos sobre el futuro de su vivienda, o directamente atemorizarlos mediante prácticas infames. En ocasiones, el asedio constante y prolongado deriva en el desalojo forzado o el desahucio como manifestación más extrema y dramática del problema. En definitiva, se pretende la expulsión de cualquier manera y con el mínimo coste de los inquilinos, definidos en el argot inmobiliario, como bichos. Todo esto afecta a la propia salud física y psíquica del vecino redundando en una ostensible merma de su calidad de vida.

Es muy difícil determinar el número de personas que viven en situación de abuso por su condición de inquilino en nuestra ciudad. Se dice que en el Estado español hay hasta 300.000 pisos de alquiler de renta antigua que suponen el 20 % del total. Lo cierto es que este problema, hasta entonces muy desconocido, ha tomado visibilidad en Sevilla y otras ciudades andaluzas y españolas después de algunos casos de desahucio que tuvieron un gran impacto social. El más emblemático: el caso de Rosario Pulido, una anciana de 87 años que fue desahuciada en marzo de 2004 de su piso en la céntrica plaza de la Encarnación por no pagar, por error, 39 euros de la renta mensual. La indignación causada tuvo como fruto la creación inmediata, a nivel institucional y a instancias del grupo municipal de Izquierda Unida, de la Oficina Técnica de Asesoramiento a Inquilinos en Situación de Abuso (OTAINSA), coordinada en un principio por el Servicio de Observatorio y Control de Procesos de la Gerencia de Urbanismo y, a partir de Julio de 2007, adscrita a la Delegación Municipal de Infraestructuras para la Sostenibilidad. En el plano social, surge, también, la Plataforma de Inquilinos Amenazados que en abril de 2005 se constituye en Liga de Inquilinos La Corriente que agrupa a personas con problemáticas derivadas por su condición de inquilinos y desarrolla una inestimable labor de asesoría, denuncia, reivindicación, información y apoyo mutuo entre gentes con escasos recursos.

OTAINSA nace con la función primordial de atender especialmente la problemática social que se genera entre inquilinos y propietarios de inmuebles que incumplen el deber de conservación de la edificación y, de paso, poner freno a la especulación inmobiliaria. Desde su creación se han atendido centenares de casos y muchas familias se han salvado del desahucio. Además, cuenta con un parque de viviendas para los realojos temporales de aquellos vecinos que tienen que salir de sus casas por las obras de conservación del edificio, emprendidas por los propietarios o por la Gerencia de Urbanismo.