Advierte de la gravedad de los hechos y reclama informes
"En la querella se sostienen afirmaciones muy graves, de las que podrían resultar imputaciones de delitos castigados con penas de prisión". Así de contundente se expresa el fiscal en relación con la querella por mobbing inmobiliario sufrido por un vecino del número 29 de la calle de Robadors de Barcelona. Es el único que queda en el inmueble, pues los otros acabaron marchándose, y lleva meses sufriendo el hostigamiento de los administradores.
En un escrito dirigido al juez, el fiscal solicita que antes de tomar declaración "a los imputados y a los testigos", se practiquen diversas diligencias para "preguntarles sobre datos y hechos concretos e indubitados". Entre esas diligencias, se reclama que la Guardia Urbana de Barcelona o los Mossos d'Esquadra realicen una inspección ocular del inmueble y tomen declaración a los vecinos, sean afectados o no por el acoso inmobiliario. También se solicita que se pida a las compañías de agua, gas y electricidad que informen sobre posibles cortes de suministro que hayan sufrido los vecinos y que el Ayuntamiento de Barcelona informe sobre el estado de las viviendas afectadas y si las empresas propietarias han realizado las obras exigidas por los informes técnicos que acompañan a la querella.
El Consistorio también deberá informar sobre si ha realizado tareas de desratización y desinsectación de los pisos, sobre si los bomberos han tenido que intervenir por el estado ruinoso de las viviendas, así como presentar una cronología de las quejas y denuncias presentadas por los vecinos. El distrito de Ciutat Vella ya se posicionó en su día al lado del afectado, y denunció el caso, pero todo quedó paralizado por la pasividad judicial.
La querella fue presentada en octubre de 2007 y ha pasado más de un año sin que el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona haya realizado ninguna gestión, ni siquiera la decisión formal de admisión o inadmisión a trámite de la misma. El magistrado que ha actuado con tal pasividad es Luis Fernando Gómez Vizcarra, jubilado hace unas semanas al cumplir los 70 años y que continúa como magistrado emérito en la Audiencia de Barcelona.
El fiscal considera que los administradores de las sociedades mercantiles Mancia 2003 SL y Tavarus SL pudieron cometer un delito contra la integridad moral, contra la libertad o contra el patrimonio.
Mientras tanto, el procedimiento de desahucio continúa su trámite. Fue suspendido hace unos días por la presión de los vecinos y la previsión es que se vuelva a intentar al cabo de unos dos meses.
Fuente: El País.
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viernes, 5 de diciembre de 2008
martes, 25 de noviembre de 2008
El acoso inmobiliario: una lucha desigual
La Oficina del Defensor del Ciudadano recoge una veintena de casos de 'mobbing'. La guía marca las pautas para las víctimas
El acoso o 'mobbing' inmobiliario es la historia de David contra Goliat del siglo XXI. Pero los inquilinos no están solos en esta batalla. Ése es el mensaje que se desprende del libro 'El acoso inmobiliario: una lucha desigual', elaborado por la Oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga, el primer título que trata de forma específica este problema y que desgrana una veintena de casos en la provincia como ejemplo de un problema que viven a diario cientos de personas.
El libro establece las prácticas más comunes del acoso inmobiliario y establece las pautas que debe seguir el inquilino para no ceder a las pretensiones de los propietarios. Olvidar el mantenimiento, destrozar la vivienda, negarse al cobro del alquiler o proferir amenazas y denuncias son las armas que utiliza el acosador. Por su parte, el acosado debe recoger el máximo de documentación sobre el caso, conocer la situación jurídica del inmueble, pagar el alquiler y que quede constancia, denunciar las deficiencias del inmueble y acudir a asociaciones y entidades que se encarguen de defender sus derechos para evitar que le expulsen del piso de forma irregular.
El acoso o 'mobbing' inmobiliario es la historia de David contra Goliat del siglo XXI. Pero los inquilinos no están solos en esta batalla. Ése es el mensaje que se desprende del libro 'El acoso inmobiliario: una lucha desigual', elaborado por la Oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga, el primer título que trata de forma específica este problema y que desgrana una veintena de casos en la provincia como ejemplo de un problema que viven a diario cientos de personas.
El libro establece las prácticas más comunes del acoso inmobiliario y establece las pautas que debe seguir el inquilino para no ceder a las pretensiones de los propietarios. Olvidar el mantenimiento, destrozar la vivienda, negarse al cobro del alquiler o proferir amenazas y denuncias son las armas que utiliza el acosador. Por su parte, el acosado debe recoger el máximo de documentación sobre el caso, conocer la situación jurídica del inmueble, pagar el alquiler y que quede constancia, denunciar las deficiencias del inmueble y acudir a asociaciones y entidades que se encarguen de defender sus derechos para evitar que le expulsen del piso de forma irregular.
Falta de información
«El problema es que las víctimas del mobbing inmobiliario suelen ser personas mayores y personas con pocos recursos que desconocen sus derechos como inquilinos de renta antigua», afirma Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano.
Gutiérrez explica que ya se están dando las primeras sentencias sobre estos casos que sentarán precedentes en el futuro. Además, explica que la vía judicial no es la única y que la mediación que realizan instituciones como el defensor del ciudadano están solucionando muchos conflictos. El libro, que se presentó ayer en un acto en la Diputación de Málaga, cuenta con la colaboración de los colegios de Abogados, Aparejadores y Arquitectos de Málaga, además del Defensor del Pueblo andaluz y del recién nombrado fiscal antiacoso de Barcelona. MÁS INFORMACIÓN I Defensor del Ciudadano. 900 115 900
Fuente: Sur
Gutiérrez explica que ya se están dando las primeras sentencias sobre estos casos que sentarán precedentes en el futuro. Además, explica que la vía judicial no es la única y que la mediación que realizan instituciones como el defensor del ciudadano están solucionando muchos conflictos. El libro, que se presentó ayer en un acto en la Diputación de Málaga, cuenta con la colaboración de los colegios de Abogados, Aparejadores y Arquitectos de Málaga, además del Defensor del Pueblo andaluz y del recién nombrado fiscal antiacoso de Barcelona. MÁS INFORMACIÓN I Defensor del Ciudadano. 900 115 900
Fuente: Sur
jueves, 20 de noviembre de 2008
¿A dónde voy yo?
¿A dónde voy yo? Es un video documental de aproximadamente 40 minutos de duración que aborda la problemática social del acoso inmobiliario desde sus protagonistas más directos. Los inquilinos y las entidades creadas para su defensa: OTAINSA y la Liga de Inquilinos La Corriente. De la otra parte, tanto propietarios como administradores y promotores declinaron hacer comentario alguno. El proceso de selección de informantes se llevó después de un minucioso "trabajo de campo", en donde se entrevistó a más de veinte inquilinos e inquilinas en situación de abuso. En principio, eran entrevistas informales en donde se emplea el audio y la fotografía como soporte técnico. Las primeras tomas de contacto son esenciales para calibrar la situación concreta que sufre la persona afectada así como su trayectoria de vida. En ocasiones, son necesarias hasta tres y cuatro visitas previas para que la entrevista audiovisual se pueda realizar en un marco de plena confianza.
Los inquilinos e inquilinas susceptibles de sufrir prácticas de acoso o directamente en situación de abuso responden a una diversidad de perfiles sociales. Al grupo anteriormente reseñado de ancianos y pensionistas, se suma el de estudiantes, inmigrantes, parados y trabajadores precarios, personas separadas, etc., que demandan, cada vez con mayor asiduidad, asesoramiento y ayudan a OTAINSA y la Liga de Inquilinos. Para el documental hemos optado por centrarnos en el colectivo que sufre con mayor virulencia el mobbing y a la vez el más indefenso: el compuesto por personas mayores, con pensiones mínimas, que después de una prolongada vida laboral nunca pudieron acceder a una vivienda en propiedad y en la actualidad sufren un desmedido asedio para que abandonen el inmueble en el que han vivido durante buena parte de sus vidas. También, nos hemos centrado en personas solitarias, pensionistas, que habitan infraviviendas del casco antiguo hasta ayer totalmente abandonadas y que hoy suponen un disputado pastel para los especuladores. En todos los casos, la propiedad -nueva o de antes- aduce razones diversas para "expulsar" a los inquilinos sin posibilidad de indemnización y sin búsqueda de solución alguna, lo cual genera un cuadro de estrés importante entre los afectados con el consiguiente deterioro de la calidad de vida.
El proceso de toma de contactos y entrevistas informales hasta la concreción de las definitivas puso de manifiesto la vigencia de los miedos y temores de los inquilinos a las represalias por parte de los propietarios si se muestran firmes en las denuncias públicas de su situación de abuso. Muchos no quisieron hablar ante las cámaras. Tenían miedo de señalarse públicamente. En cualquier caso, este documental es de todos aquellos que tuvieron el coraje y el ánimo de hablar, pero confiamos en que los testimonios aquí reflejados sirvan también para reflejar los silencios.
¿A dónde voy yo? descubre otro rostro de Sevilla. El que muestra la crudeza de las políticas especulativas con sus efectos más inmediatos sobre ciudadanos indefensos a los que hacen sufrir un infierno, en muchos casos, durante los últimos años de sus vidas. En la intención de los autores y promotores está que ese documental contribuya en el debate social sobre un modelo de ciudad, donde a través de la concienciación y sensibilización ciudadana y la implementación de políticas públicas se pueda poner fin a las siniestras prácticas de acoso y a los procesos de expulsión de los vecinos tradicionales de su entorno.
OTAINSA Y PARQUE SOCIAL DE VIVIENDA
El acoso inmobiliario es un fenómeno tan extendido por toda España que la ONU ha calificado la situación de "vergonzosa". El Relator Especial para la vivienda digna de la oficina de derechos humanos de la ONU, Miloon Kothari, ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre la realidad española a partir de la visita que realizó por distintas ciudades, entre ellas Sevilla, en noviembre de 2006. Los testimonios y la información recibida por el Relator Especial, muestran varios factores discriminatorios en relación con el acceso a la vivienda, incluyendo el encarecimiento de las ciudades y la consiguiente segregación, desalojo y mobbing (violencia física y psicológica utilizada para obligar a la gente a abandonar su hogar con fines especulativos). El representante de la ONU está particularmente preocupado por la información que siguiere que en muy pocos casos los acusados por presunto mobbing fueron llevados a los tribunales y muchos testimonios atestiguan que esta práctica afecta especialmente a las personas mayores.
El acoso se ceba, principalmente, en los inquilinos y las inquilinas de renta antigua acogidos a la Ley de arrendamientos Urbanos de 1964. Los propietarios o administradores presionan a estas personas para que abandonen sus pisos y así sacarles mayor rendimiento. Por lo general, las viviendas de renta antigua presentan patologías graves de deterioro de la edificación debido a la dejadez y abandono por parte de los propietarios que no garantiza, en muchos casos, las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato. El perfil socioeconómico del arrendatario es el de una persona de avanzada edad, pensionista, con ingresos muy escasos para el sustento familiar y, muchos, con problemas de salud importantes. Constituyen un sector de ciudadanos que han residido durante buena parte de su vida en el domicilio que ocupan y que se ubica, mayoritariamente, en los cascos viejos de las ciudades. Es el vecino tradicional, el que ha dotado de identidad a los barrios más señeros: ancianos y ancianas –en muchos casos solitarios-, trabajadores precarios, con escasos recursos económicos, de formación reglada baja y sin apenas habilidades sociales para defenderse de un asedio tan complejo como sofisticado. En este sentido, el llamado mobbing inmobiliario se presenta como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana. Amplias zonas de los centros históricos con un importante porcentaje de población envejecida y cierta presencia de marginación social, adquieren en un proceso muy rápido – y, en ocasiones, gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos.
En Sevilla, estos procesos especulativos se acentúan en la década de los noventa, tras la Expo’92 y el Plan Urban, una iniciativa de rehabilitación urbana en la zona norte del caso antiguo, financiada por la Unión Europea que atrajo numerosos inversores. Se produce un acelerado desalojo del centro como consecuencia de las operaciones especulativas. Grandes zonas del caso viejo y los antiguos arrabales de Triana y San Bernardo habitados históricamente por clases populares son espacios altamente codiciados por sectores sociales con economía alta. Los inquilinos acogidos a leyes que garantizan su permanencia empiezan a ser ciudadanos incómodos para los propietarios. Los precios de los edificios sin inquilinos suben estrepitosamente frente a los edificios con arrendamientos antiguos. Esta situación se agudiza por el incremente continuado del precio de la vivienda en un proceso especulativo imparable. Se utilizarán todo tipo de mecanismos para generar el agotamiento emocional de estos inquilinos y el agotamiento del propio edificio. No se renuevan los contratos de arrendamiento que finalizan y se rescinden los de menos de cinco años, tal como permite la ley, dejando las viviendas vacías. Se abandona totalmente la conservación del inmueble y se inician expedientes para declararlo en ruina. Se realizan numerosas e incómodas obras de "mantenimiento" abriendo calos y catas en los techos e inundando de puntales las viviendas. Se procede a una presión jurídica al inquilino con denuncias de los propietarios que ocasiona fuertes gastos extraordinarios en asesoría (abogados, arquitectos, etc.). Se recurre a la figura del asustaviejas o personas sin escrúpulos cuya función es generar incertidumbre entre los vecinos sobre el futuro de su vivienda, o directamente atemorizarlos mediante prácticas infames. En ocasiones, el asedio constante y prolongado deriva en el desalojo forzado o el desahucio como manifestación más extrema y dramática del problema. En definitiva, se pretende la expulsión de cualquier manera y con el mínimo coste de los inquilinos, definidos en el argot inmobiliario, como bichos. Todo esto afecta a la propia salud física y psíquica del vecino redundando en una ostensible merma de su calidad de vida.
Es muy difícil determinar el número de personas que viven en situación de abuso por su condición de inquilino en nuestra ciudad. Se dice que en el Estado español hay hasta 300.000 pisos de alquiler de renta antigua que suponen el 20 % del total. Lo cierto es que este problema, hasta entonces muy desconocido, ha tomado visibilidad en Sevilla y otras ciudades andaluzas y españolas después de algunos casos de desahucio que tuvieron un gran impacto social. El más emblemático: el caso de Rosario Pulido, una anciana de 87 años que fue desahuciada en marzo de 2004 de su piso en la céntrica plaza de la Encarnación por no pagar, por error, 39 euros de la renta mensual. La indignación causada tuvo como fruto la creación inmediata, a nivel institucional y a instancias del grupo municipal de Izquierda Unida, de la Oficina Técnica de Asesoramiento a Inquilinos en Situación de Abuso (OTAINSA), coordinada en un principio por el Servicio de Observatorio y Control de Procesos de la Gerencia de Urbanismo y, a partir de Julio de 2007, adscrita a la Delegación Municipal de Infraestructuras para la Sostenibilidad. En el plano social, surge, también, la Plataforma de Inquilinos Amenazados que en abril de 2005 se constituye en Liga de Inquilinos La Corriente que agrupa a personas con problemáticas derivadas por su condición de inquilinos y desarrolla una inestimable labor de asesoría, denuncia, reivindicación, información y apoyo mutuo entre gentes con escasos recursos.
OTAINSA nace con la función primordial de atender especialmente la problemática social que se genera entre inquilinos y propietarios de inmuebles que incumplen el deber de conservación de la edificación y, de paso, poner freno a la especulación inmobiliaria. Desde su creación se han atendido centenares de casos y muchas familias se han salvado del desahucio. Además, cuenta con un parque de viviendas para los realojos temporales de aquellos vecinos que tienen que salir de sus casas por las obras de conservación del edificio, emprendidas por los propietarios o por la Gerencia de Urbanismo.
El acoso se ceba, principalmente, en los inquilinos y las inquilinas de renta antigua acogidos a la Ley de arrendamientos Urbanos de 1964. Los propietarios o administradores presionan a estas personas para que abandonen sus pisos y así sacarles mayor rendimiento. Por lo general, las viviendas de renta antigua presentan patologías graves de deterioro de la edificación debido a la dejadez y abandono por parte de los propietarios que no garantiza, en muchos casos, las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato. El perfil socioeconómico del arrendatario es el de una persona de avanzada edad, pensionista, con ingresos muy escasos para el sustento familiar y, muchos, con problemas de salud importantes. Constituyen un sector de ciudadanos que han residido durante buena parte de su vida en el domicilio que ocupan y que se ubica, mayoritariamente, en los cascos viejos de las ciudades. Es el vecino tradicional, el que ha dotado de identidad a los barrios más señeros: ancianos y ancianas –en muchos casos solitarios-, trabajadores precarios, con escasos recursos económicos, de formación reglada baja y sin apenas habilidades sociales para defenderse de un asedio tan complejo como sofisticado. En este sentido, el llamado mobbing inmobiliario se presenta como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana. Amplias zonas de los centros históricos con un importante porcentaje de población envejecida y cierta presencia de marginación social, adquieren en un proceso muy rápido – y, en ocasiones, gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos.
En Sevilla, estos procesos especulativos se acentúan en la década de los noventa, tras la Expo’92 y el Plan Urban, una iniciativa de rehabilitación urbana en la zona norte del caso antiguo, financiada por la Unión Europea que atrajo numerosos inversores. Se produce un acelerado desalojo del centro como consecuencia de las operaciones especulativas. Grandes zonas del caso viejo y los antiguos arrabales de Triana y San Bernardo habitados históricamente por clases populares son espacios altamente codiciados por sectores sociales con economía alta. Los inquilinos acogidos a leyes que garantizan su permanencia empiezan a ser ciudadanos incómodos para los propietarios. Los precios de los edificios sin inquilinos suben estrepitosamente frente a los edificios con arrendamientos antiguos. Esta situación se agudiza por el incremente continuado del precio de la vivienda en un proceso especulativo imparable. Se utilizarán todo tipo de mecanismos para generar el agotamiento emocional de estos inquilinos y el agotamiento del propio edificio. No se renuevan los contratos de arrendamiento que finalizan y se rescinden los de menos de cinco años, tal como permite la ley, dejando las viviendas vacías. Se abandona totalmente la conservación del inmueble y se inician expedientes para declararlo en ruina. Se realizan numerosas e incómodas obras de "mantenimiento" abriendo calos y catas en los techos e inundando de puntales las viviendas. Se procede a una presión jurídica al inquilino con denuncias de los propietarios que ocasiona fuertes gastos extraordinarios en asesoría (abogados, arquitectos, etc.). Se recurre a la figura del asustaviejas o personas sin escrúpulos cuya función es generar incertidumbre entre los vecinos sobre el futuro de su vivienda, o directamente atemorizarlos mediante prácticas infames. En ocasiones, el asedio constante y prolongado deriva en el desalojo forzado o el desahucio como manifestación más extrema y dramática del problema. En definitiva, se pretende la expulsión de cualquier manera y con el mínimo coste de los inquilinos, definidos en el argot inmobiliario, como bichos. Todo esto afecta a la propia salud física y psíquica del vecino redundando en una ostensible merma de su calidad de vida.
Es muy difícil determinar el número de personas que viven en situación de abuso por su condición de inquilino en nuestra ciudad. Se dice que en el Estado español hay hasta 300.000 pisos de alquiler de renta antigua que suponen el 20 % del total. Lo cierto es que este problema, hasta entonces muy desconocido, ha tomado visibilidad en Sevilla y otras ciudades andaluzas y españolas después de algunos casos de desahucio que tuvieron un gran impacto social. El más emblemático: el caso de Rosario Pulido, una anciana de 87 años que fue desahuciada en marzo de 2004 de su piso en la céntrica plaza de la Encarnación por no pagar, por error, 39 euros de la renta mensual. La indignación causada tuvo como fruto la creación inmediata, a nivel institucional y a instancias del grupo municipal de Izquierda Unida, de la Oficina Técnica de Asesoramiento a Inquilinos en Situación de Abuso (OTAINSA), coordinada en un principio por el Servicio de Observatorio y Control de Procesos de la Gerencia de Urbanismo y, a partir de Julio de 2007, adscrita a la Delegación Municipal de Infraestructuras para la Sostenibilidad. En el plano social, surge, también, la Plataforma de Inquilinos Amenazados que en abril de 2005 se constituye en Liga de Inquilinos La Corriente que agrupa a personas con problemáticas derivadas por su condición de inquilinos y desarrolla una inestimable labor de asesoría, denuncia, reivindicación, información y apoyo mutuo entre gentes con escasos recursos.
OTAINSA nace con la función primordial de atender especialmente la problemática social que se genera entre inquilinos y propietarios de inmuebles que incumplen el deber de conservación de la edificación y, de paso, poner freno a la especulación inmobiliaria. Desde su creación se han atendido centenares de casos y muchas familias se han salvado del desahucio. Además, cuenta con un parque de viviendas para los realojos temporales de aquellos vecinos que tienen que salir de sus casas por las obras de conservación del edificio, emprendidas por los propietarios o por la Gerencia de Urbanismo.
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