Ya hay cinco bloques de viviendas con inquilinos de renta antigua en el punto de mira. Las promotoras hanparado las obras de rehabilitación, incumpliendo acuerdos alcanzados con los inquilinos.
Otainsa ya expedientes de expropiación que afectarán a empresas como Romero Mejías o Restaura. Estas empresas son señaladas por la oficina municipal gestionada por IU. Adquirieron edificios con inquilinoscon contratos de renta antigua –enmarcados en una legislación que permitía los alquileres indefinidos precio que ni siquiera se actualiza– y tras una dura negociación en la que medió el Ayuntamiento y en muchos casos los juzgados, llegaron a acuerdos con los arrendadores para que éstos abandonasen un tiempo el inmueble mientras se ejecutaban las obras de rehabilitación con el compromiso de que regresasen a viviendas y de que se le abonara el coste de su alquiler. En muchos casos, los plazos han finalizado y bien por problemas económicos, bien por falta de compradores de los pisos, algunas de las reformas se han detenido.
“Nuestra postura es clara. Iniciar expedientes de expropiación en todos estos casos, para aprovechar losedificios como pisos sociales. Si no hay recursos, habrá que conseguirlos, pero esta situación hay que resolverla”, explica el gerente de la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa),Ángel Monge. Por sus manos han pasado en las últimas semanas cinco casos que afectan ya a decenas de personas.
Las obras de Calatrava 24, pertenecientes a la firma catalana Restaura, están completamente paralizadas la empresa. Allí residían nueve familias, que llegaron a un acuerdo para ser realojadas tras un proceso judicial.
“Vamos a dar un margen hasta que dejen de pagar el alquiler que pactaron con los inquilinos y a que se resuelva la ejecución del aval que tienen los vecinos para intervenir. Pero ya estamos reactivando el expediente por incumplimiento del deber de conservación –paso previo a la expropiación–”, explica Monge.
“Vamos a dar un margen hasta que dejen de pagar el alquiler que pactaron con los inquilinos y a que se resuelva la ejecución del aval que tienen los vecinos para intervenir. Pero ya estamos reactivando el expediente por incumplimiento del deber de conservación –paso previo a la expropiación–”, explica Monge.
Otros dos edificios, ubicados en Betis, 64 y Maestro Ángulo, 2 pertenecen a la firma Romero Mejías, que ya solicitó un concurso de acreedores. En ambos casos, la propiedad ha dejado de abonar los alquileres de los inquilinos de renta antigua, al transcurrir el plazo fijado en los contratos. En uno de éstos, el de la calle Betis, incluso se ha solicitado la declaración de ruina, un trámite que permite el inicio de un proceso judicial de desahucio. Los dos expedientes están ya en manos de Otainsa que ha contactado con la empresa y que promueve ya el inicio de las expropiaciones.
En los otros dos casos, cuyas expropiaciones se pueden iniciar en los próximos meses –Boteros, 4 y Alfarer 49– las obras están ya muy avanzadas, y de hecho el aspecto exterior es el de un edificio cuya rehabilitación se ha completado ya. Sin embargo, en la calle Alfarería no se han concluido los trabajos y en Boteros los inquilinos están denunciando que han entregado el edificio sin culminar las obras realizadas. El objetivo de la propuesta de Otainsa es reaprovechar estos inmuebles como pisos sociales que sirvan para realojos de otros inquilinos o acogida de personas con escasos recursos –un modelo cuya demanda ha aumentado en los últimos meses–.
Los vecinos afectados, que ya han acudido al Ayuntamiento, se han sumado a la plataforma liderada por la Liga de Inquilinos y hoy están convocados a una concentración en el Pumarejo.
Fuente: El Correo de Andalucía
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